El juez de Instrucción de Puerto Rico, Leonardo Manuel Balanda Gómez, firmó la prisión preventiva para un metalúrgico de 42 años por “distribución y tenencia de material de pornografía y explotación sexual infantil en concurso real”, señalaron fuentes del caso.
El acusado, domiciliado en la mencionada localidad, tenía buena reputación en su barrio, al punto de haber sido elegido presidente de la comisión vecinal varias veces e incluso habría sido puntero político.
La investigación, encabezada por el fiscal de Instrucción Correccional y de Menores de Puerto Rico, Héctor Simon, se inició el viernes 6 de octubre del año pasado, por una denuncia de Whatsapp a la ONG National Center For Missing and Exploited Children (NCMEC), centro nacional para niños desaparecidos y explotados, según sus siglas en inglés. Dicho rastreo en internet de actividad contra la integridad sexual de menores, detectó desde Estados Unidos que alguien poseía y compartía Material de Abuso Sexual Infantil (MASI).
El fiscal pidió que la empresa de telefonía informes acerca de la línea que había sido detectada, como así también a la cooperativa que estaba vinculada a ese número de celular. Fue así que se allanó el domicilio del sospechoso, medida judicial que se concretó el viernes 15 de marzo pasado. La orden de la fiscalía era que los efectivos secuestren todo tipo de dispositivos electrónicos de almacenamiento (como ser netbook, PC, celulares, pendrives).
De allí surgió que en un dispositivo móvil marca Motorola E6 Plus, contenía 16 archivos de contenido sexual explícito y representación de partes genitales con fines inequívocamente sexuales, procesados por su dispositivo al manipular archivos de mayor extensión, los cuales habrían sido eliminados, según el auto de procesamiento.
Para la Justicia igualmente el individuo incurrió en la tenencia y distribución de MASI.
Los aparatos fueron peritados por la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (SAIC), dependientes del Poder Judicial de Misiones. Con ese material probatorio, el fiscal Simon ordenó la inmediata detención del acusado, el pasado domingo 25 de agosto.
Entre los archivos audiovisuales detectados por los peritos de la SAIC, se halló en formato MP4 imágenes de una niña menor de 18 años siendo abusada sexualmente con acceso carnal de manera explícita, cuya duración es de dos minutos con nueve segundos, según consta en la resolución.
Indagatoria y fundamentos
En su momento el acusado fue llevado a indagatoria ante el juez Balanda Gómez, donde habría manifestado que el teléfono que le secuestraron y en el que se halló material de abuso infantil lo había comprado a un vendedor ambulante y dijo que cuando se percató que contenía ese tipo de archivos procedió a borrarlos, pero a su entender no se había deshecho de todos.
Ante ese argumento, habría agregado que la distribución que se le endilgaba no la había hecho él y que probablemente la hubiera hecho su hijo que está en edad escolar y al cual le cedía el celular para que realizara las tareas. En esa ocasión pidió la excarcelación a través de su abogado, pero le fue denegada.
Por otra parte, entre otros fundamentos para la prisión preventiva, desde el Juzgado y la fiscalía mencionaron que aún restan pericias psicológicas al acusado -con fecha en octubre venidero- y que aún existe la posibilidad de la posible identificación de los menores que figuran en las imágenes y que no se descarta podrían ser del entorno del encartado, indicó la misma fuente.
También el riesgo de fuga fue evaluado por las autoridades judiciales.