Hace pocos días, a través del Decreto 843/2024, el Poder Ejecutivo modificó los requisitos para acceder a las pensiones que cobran las personas con discapacidad. Los cambios impulsados no solo incumplen los compromisos internacionales asumidos por Argentina, sino que ponen en grave riesgo el acceso a derechos básicos por parte de un grupo altamente vulnerado.
Las pensiones no contributivas por “invalidez” fueron reguladas hace más de dos décadas por el Decreto 432/97, que reglamenta la Ley 13.478 de 1949.
Su redacción original contenía requisitos e incompatibilidades para acceder a la prestación que devinieron inconstitucionales cuando en 2008 Argentina se obligó a cumplir la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Se trataba de un sistema pensado desde el modelo médico, que desconocía las múltiples barreras que enfrentan las personas con discapacidad para ejercer sus derechos.
Ello determinó que la mayoría de las condiciones de acceso a las pensiones que éste preveía fueran cuestionadas, en reiteradas ocasiones, ante y por la Justicia.
En 2023, receptando parte de esas críticas, se dictó el Decreto 7/23, que derogó algunos requisitos que habían sido declarados inconstitucionales, y el Decreto 566/23, que eliminó la incompatibilidad de esta prestación con el ejercicio de actividades laborales. Así, a pesar de que se mantuvo la denominación “pensiones por invalidez”, el sistema se aproximó a lo establecido por la normativa vigente y por la jurisprudencia.
Nuevas barreras para el acceso a las pensiones
Retrocediendo en el estándar de protección alcanzado, el reciente Decreto 843/24 restablece muchos de esos requisitos. En una entrevista con PRIMERA EDICIÓN, Tatiana Antunez, presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, profundizó en las implicancias del nuevo decreto, explicando los principales requisitos que afectarán a quienes solicitan o ya perciben estas pensiones.
“Este decreto introduce cambios en los criterios para el acceso a las pensiones no contributivas por invalidez laboral, apuntando a las personas con una incapacidad laboral total y permanente del 66% o más”, comentó Antunez.
Esta condición es excluyente para muchas personas con discapacidades menores que, sin embargo, aún enfrentan dificultades en la inserción laboral.
A partir de esta normativa, los solicitantes no podrán estar registrados en ningún régimen laboral formal ni tener bienes a su nombre. Además, se evaluarán los ingresos de todo el grupo familiar, lo que puede dejar a varias personas fuera del sistema.
Cabe aclarar que, actualmente, la pensión percibida representa el 70% de una jubilación mínima, que oscila en $234.540,23 por lo cual alcanzaría apenas los $138 mil.
Asimismo, no existió participación alguna de personas con discapacidad en la elaboración del decreto. Esto vulnera el artículo 4.3 de la CDPD, que reconoce el derecho de este grupo a participar en la formulación y aplicación de las políticas públicas que lo afecten directa o indirectamente.
Un riesgo para la atención médica
Otra de las preocupaciones es la relación entre el programa federal Incluir Salud y estas pensiones. “Si una persona deja de recibir la pensión, también pierde el acceso a este programa”, explicó Antunez. Esto podría afectar significativamente la atención de salud de aquellos que no logren cumplir con los nuevos requisitos.
Debate federal sobre una pensión específica
Desde la provincia, se están tomando algunas medidas paliativas. “Estamos abordando estas situaciones con asistencia alimentaria y de salud”, señaló la funcionaria y adelantó que la situación será discutida en la próxima asamblea del Consejo Federal de Discapacidad, que se realizará en Misiones el 23 y 24 de octubre, donde se buscará replantear la situación ante las autoridades nacionales.
“Nos hemos posicionado como provincia y como región del NEA manifestando la necesidad de crear una pensión específica para personas con discapacidad”, indicó.
Evaluaciones y notificaciones
La implementación de estas modificaciones ya comenzó en distintas provincias del país. En Chaco, por ejemplo, se realizaron auditorías con la participación de un equipo médico de la Agencia Nacional de Discapacidad, lo que generó que varias personas fueran notificadas para reevaluar su situación. Sin embargo, Antunez aclaró: “Ninguna pensión se dará de baja sin previo aviso. Las personas recibirán una carta documento y tendrán la oportunidad de fundamentar por qué deben seguir percibiendo la pensión”.
A pesar de los cambios, la preocupación de muchas personas radica en el acceso a la cobertura de salud y las posibles bajas de pensiones que podrían tener un impacto significativo en sus vidas.