El Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) apercibió formalmente al Instituto Cristiano República Argentina (ICRA) y exigió formalmente a la institución que informe qué medidas adoptó con el personal directivo y docente involucrados en el viaje estudiantil que desembocó en la muerte de su abanderada Juanita Sirimarco Díaz (13).
El presidente del SPEPM, Luis Bogado, confirmó a la FM 89.3 Santa María de las Misiones estas medidas, las primeras que tomó el organismo de contralor del servicio privado de educación en la provincia, a la espera de tomar otras decisiones de fondo en función de los elementos que sigan surgiendo en el análisis del caso.
“Las sanciones que están establecidas en la norma van desde el llamado atención en una, dos o tres oportunidades; apercibimiento; apercibimiento grave y suspensión del servicio educativo como última instancia. Estamos en un proceso de evaluación, colaborando con la Justicia para que pueda dilucidar todos los hechos”, remarcó Bogado.
“Muchas inconsistencias”
Para justificar el apercibimiento aplicado, Bogado se refirió a “muchas inconsistencias en las presentaciones” del ICRA respecto a este viaje, “ya desde los momentos previos“, teniendo en cuenta que “el día 1 (de octubre) a las 12:08 del mediodía ingresa un pedido diciendo que es un viaje de estudios“.
“Recordemos que entre un viaje de estudios y un viaje de egresados hay una diferencia conceptual muy profunda e importante. Los viajes de egresados no están permitidos dentro del sistema educativo. Esto se había encuadrado a través de un viaje de estudios”.
“A partir de un análisis profundo de cada uno de los acontecimientos, del diálogo con la representante legal, los equipos directivos y los docentes intervinientes, el organismo tomó la decisión de aplicar un apercibimiento formal a la institución por el incumplimiento de las normas establecidas en la Resolución Nº071, que hace referencia a las excursiones y viajes educativos, y fundamentalmente por omitir la desautorización de ese proyecto que aparece autorizado pese a que públicamente la escuela expresó otra cosa”, argumentó Bogado.
Además, “hemos impuesto un plazo de 72 horas hábiles (a los propietarios del ICRA, que ya está corriendo) “para que nos informen sobre las sanciones y medidas disciplinarias impuestas por el representante legal al personal que intervino en cada uno de los momentos administrativos que permitieron llevar adelante este viaje“.
“En caso de omisión a estos requerimientos, se va a proceder a aplicar a otro tipo de sanciones desde el punto de vista pedagógico, financiero y de funcionamiento, todo enmarcado en la Ley VI Nº46 que es la que regula en el sistema educativo de gestión privada”, advirtió Bogado.
En ese marco, también se intimó formalmente para que el gabinete psicopedagógico interdisciplinar informe sobre las actuaciones que están llevando adelante para acompañar a los alumnos de séptimo grado en este momento trágico que está viviendo la comunidad educativa.
En cualquier caso, “en este contexto de tensión, justo en un momento sumamente importante en el sistema educativo como es el cierre de evaluaciones, queremos llevar tranquilidad -dentro de las posibilidades- para que se desarrollen los cierres administrativos y poder atender a las más de 560 familias que interactúan en la comunidad educativa”, completó Bogado.
El futuro de los viajes estudiantiles
Respecto a posibles viajes estudiantiles que desee hacer la institución en el futuro, el presidente del SPEPM aclaró que “en principio no se recomiendan las salidas en el mes de noviembre, no está permitido porque es un mes muy particular, de cierre administrativo, de evaluaciones. Las salidas se programan con anticipación y se discuten, se analizan, se proyectan en los PEI a principios de año y se incorporan a la agenda de cada una de las instituciones educativas. Lógicamente, el período es de marzo a septiembre o de marzo a octubre como mucho“.
Y respecto a la llamada “Ley Juanita” que se empezó a analizar en la Legislatura misionera, apuntó Bogado que “estamos teniendo reuniones con los legisladores, hemos acercado las normativas que regulan los viajes de estudios en el sector y hemos incorporado equipos técnicos para enriquecer esos proyectos”.
“Sabemos que los legisladores están trabajando fuertemente para poder enriquecer una propuesta que les sirva a la comunidad misionera y evitar en un futuro este tipo de acontecimientos”