Un suboficial de la Policía Federal Argentina fue detenido el pasado lunes 9 de septiembre tras ser denunciado por episodios reiterados de violencia de género y familiar. Fue alojado bajo custodia por orden del juez de Instrucción 3 de la Primera Circunscripción Judicial, Fernando Luis Verón.
Hasta este punto, a la noticia se le podría agregar que permaneció en la celda asignada de la comisaría Tercera, sobre la avenida Uruguay y calle Ambrosetti, hasta el miércoles 11 siguiente y fue excarcelado supeditado a la investigación judicial tras ser indagado por las autoridades respectivas.
Lo que llamó la atención y obligó al policía federal a regresar a un estrado judicial, ya no como presunto victimario sino víctima, ocurrió el martes cuando se percató que una de sus dos tarjetas de crédito había “estallado” y quedado sin fondos para seguir usándola porque sobrepasó el monto máximo durante septiembre.
De inmediato y vía digital y llamadas al banco correspondiente fue comunicado que los mayores gastos los registró el martes 10 de septiembre con siete cargas de combustible en varias estaciones de servicio de esta capital. En total y solo en nafta súper y premium registró 697 mil pesos en pocas horas. Atónito al extremo se habría quedado al darse cuenta, veinte días después, que la tarjeta de crédito fue utilizada cuando estaba detenido en la comisaría del barrio Villa Urquiza, el mismo plástico junto a sus documentos que le fue devuelto con su billetera, teléfono celular, cinto y cordones, entre otras pertenencias cuando fue liberado.
Mayor sorpresa le habría causado porque los elementos que le secuestraron al ser aprehendido, firmó que los entregó conforme al resguardo de los jefes de la seccional mencionada. Para mayor claridad: entendió que no debían salir en ningún momento de la oficina del comisario o personal asignado por este.
Sin mediar demora, y aún shockeado porque no podría cubrir el pago mínimo del gasto total de la tarjeta, se presentó en las oficinas de la Fiscalía de Instrucción 6, de turno en octubre y radió la denuncia para abrir la investigación.
El fiscal René Germán Casals, analizó al denuncia pero giró las primeras actuaciones al Juzgado de Instrucción 3. Se inhibió porque el hurto o estafa se habría cometido el día señalado del mes pasado.
El juez Verón recibió la denuncia y el paso siguiente fue diligenciar a las autoridades de la Jefatura de la Policía de Misiones para que concreten la requisa de la comisaría Tercera y recojan los libros de guardia y todos los documentos volcados sobre la detención del suboficial de la PFA.
El miércoles por la mañana la medida fue realizada y el juez aguarda los resultados de los análisis de esta documentación como también los pedidos de los resúmenes de gastos de las cuentas bancarias y tarjetas del denunciante.
Se solicitarían informes a las estaciones de servicio que se mencionan en los gastos y los registros de cámara de seguridad de los horarios en el día que se concretaron las cargas para identificar a los autores.
Silencio estricto
Tanto la denuncia del policía, como el procedimiento solicitado por el magistrado judicial, se mantuvieron bajo estricta reserva en los pasillos de la Jefatura de Policía.
Vale agregar que, diez días después del hurto, en la misma comisaría se registró la fuga de un detenido, Lucio David Campos con antecedentes en robo calificado, que fue hallado en Ciudad del Este, Paraguay, y repatriado cuatro días después. Para escapar no habría tenido más que forzar un candado durante la madrugada (3.30) del lunes 23 de septiembre.
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