Si algo provocaba una inmediata reacción de fastidio en la gente, era que, de improviso, no pudieran continuar transitando una ruta. Que debieran desviarse hacia otras calles, quizás, menos seguras o que, directamente, tuvieran que utilizar caminos alternativos para poder llegar al destino prefijado.
Sí. Estamos hablando de los piquetes.
¿Y que se dijo hasta el hartazgo sobre esta forma de manifestarse?
Lo repito, reconociendo que se trata de una verdad de Perogrullo:
Que nadie puede justificar su reclamo, vulnerando los derechos de los demás.
Es obvio que quienes cortan una calle o una ruta e impiden el libre tránsito de cualquier persona, vulneran derechos de categoría constitucional. Y, que, además, cometen un delito que deslegitima esa demanda.
Lo mismo ocurre con el servicio de justicia.
Tal vez por la indolencia inconcebible del ejecutivo en ejercicio, a lo mejor por errores propios de la intergremial que los representa. Pero lo cierto es que, no se llega a un acuerdo para fijar el mecanismo que establezca la «media nacional» que persiguen y que conseguiría, la tan ansiada, recomposición de sus salarios.
Esa falta de coincidencias en la lucha por una recomposición salarial los lleva –como siempre y como camino inevitable-, al paro.
Utilizando una mecánica que hace coincidir los días de protesta con los fines de semana, de todo un mes que sólo tiene veinte días laborables o hábiles, sólo trabajan la mitad. Y hasta quizás, menos.
No es una afirmación falaz o antojadiza. En las últimas semanas no concurrieron a su lugar de trabajo 26 y 27 de octubre y la semana pasada 1 y 3 de noviembre que, sumado al jueves 2 que fue feriado, engancharon cinco días de corrido y sólo laboraron dos días de una semana completa.
Esta sistémica y enfermiza manera de reclamar hizo reaccionar a los Colegios de Abogados de la provincia que en forma conjunta y unánime solicitaron del Superior Tribunal de Justicia no sólo que garantizara el servicio de justicia sino que dispusiera los descuentos salariales que corresponden a los días no trabajados.
Los representantes sindicales pusieron el grito en el cielo y repudiaron por «descarado» el pedido de sanciones de parte de los abogados.
A los judiciales que, evidentemente, se consideran una clase privilegiada y así fue como se manejaron durante toda la cuarentena pandémica, protegiéndose de manera corporativa y que los abogados se arreglen como puedan, vuelven a la carga en modo prepotente.
Les parece descarado el reclamo de la colonia abogadil que, a su vez, representa los intereses de todos los justiciables. La mayoría gente común y de trabajo que por las razones que fueren tuvo que judicializar un reclamo tan o más importante que el de ellos.
Sin embargo, al igual que un piquete ven bloqueadas sus posibilidades de avanzar y los expedientes se atrasan más de lo que ya es normal, y primero solucionemos nuestra media nacional, nuestra recomposición salarial y después vemos si contribuimos con el servicio de justicia. Total del STJ mira para otro lado.
Les resulta un descaro que los profesionales del derecho se inmiscuyan en sus «derechos humanos a la libertad sindical» pero no se les ocurre una inmoralidad percibir un salario mensual completo, sin trabajar.
Es increíble la falta de creatividad, la poca agudeza creativa de los representantes sindicales que ven en las medidas de fuerza la única herramienta posible hacia la solución de un conflicto cuando la sociedad, harta, oposita estos métodos.
Ello no obstante, son los primeros en quejarse si los docentes recurren a este tipo de acciones y ni hablar de su opinión respecto de quienes obstruyen las rutas e impiden sus desplazamientos.
Es extraño, que quienes tienen la noble y honrosa actividad de ser colaboradores en el servicio de justicia, no tengan la capacidad de entender que nuestro país se encuentra atravesando una gran crisis, donde la mayoría de la gente la pasando muy mal. Y si bien es cierto, que deberían recomponerse sus salarios (no se hace el menor cuestionamiento), no es menos verdad que no están percibiendo sueldos de hambre, como sí otros sectores de la sociedad chaqueña.
No les interesa empatizar. Nunca fue su fuerte intentar ponerse en el lugar del otro.
De lo contrario no harían paros tan salvajes y perniciosos como nos tienen acostumbrados, más aun liderados por representantes gremiales que están, seriamente, cuestionados en la propia justicia.
Que, todavía, deben rendir cuentas por manejos irregulares. Y, sin embargo, son relectos cuando convocan a elecciones para renovar los cargos que les otorga su «autonomía sindical».
No podemos negar la peculiar forma de ser de los empleados judiciales.
Ayer martes, se llegó a un acuerdo y una mesa técnica estaría fijando trimestralmente los aumentos para compensar las diferencias de los sueldos del Poder Judicial Chaqueño con respecto al resto de los poderes judiciales del NEA, redacción del decreto pertinente mediante que deberá ser enviado al Poder Legislativo para su ratificación por Ley.
Veremos que sucede.
Por ahora, no hay paros a la vista.
Pero más allá que estos mecanismos de apriete den o no resultado, es hora de que tengamos un servicio de justicia serio, sano y eficaz.
Porque mientras se discutían estas cuestiones relativas a la recomposición salarial (nunca cómo mejorar el funcionamiento del aparato jurisdiccional), los juzgados carecen de toner para sus impresoras y, en algunos casos, ni siquiera funcionan.
Se verifica escases de insumos más que importante. El STJ dice no contar con recursos sin resolver las cuestiones más acuciantes y sólo promocionan los juicios por jurados que ha sido su caballito de batalla, todavía, de dudosa credibilidad para la gente.
Al igual que un corte de rutas que impide la normal circulación en el cumplimiento de los compromisos más básicos de cualquier mortal, los empleados judiciales y sus representantes gremiales optaron por el mismo procedimiento coartando toda posibilidad de recurrir a la justicia, al menos, en forma rápida y acorde a la urgencia de cada requerimiento, utilizando la dilación como herramienta de sus reclamos.
Trazando un inevitable paralelismo y mal que les pese, se advierte con toda claridad, que los piquetes no sólo se hacen cortando calles.
Existen otros modos, más arteros. Más eficaces.
Absolutamente ilegítimos.
Por Aldo Daniel Ávila
Abogado. Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco.