Una iniciativa impulsada por el Foro de Organizaciones Vecinales de Corrientes (FORVE), junto al diputado nacional Juan Fernando Brügge, busca avanzar en la colocación de sistemas de protección en el Puente General Manuel Belgrano, ante el creciente número de intentos de suicidio registrados en el viaducto que une Corrientes con Resistencia.
El proyecto propone la instalación de mallas de contención, barreras de seguridad y otros dispositivos preventivos en los márgenes del puente, con el objetivo de desalentar estas situaciones críticas. La iniciativa apunta a convertirse en una ley nacional, que luego pueda ser adoptada por provincias y municipios.
Según datos aportados por la organización civil Ángeles del Puente, unas 260 personas intentaron arrojarse desde la estructura entre agosto de 2023 y marzo de 2026. Esta cifra corresponde al período en el que el grupo —dedicado a patrullajes preventivos durante las 24 horas— comenzó a registrar intervenciones.
Desde FORVE señalaron que el incremento de estos episodios en los últimos meses encendió las alarmas y motivó la reactivación del proyecto. “Buscamos que sea un puente de unión y vida, no un escenario de tragedias”, expresó el presidente de la entidad, quien además remarcó la necesidad de un abordaje integral que incluya la participación de organismos de salud mental.
El legislador Brügge trabaja actualmente en la redacción final del proyecto que será presentado ante el Congreso de la Nación. En paralelo, la propuesta también será elevada a la Legislatura provincial y al Concejo Deliberante.
Como antecedente, los impulsores de la iniciativa mencionan el caso del Golden Gate Bridge, donde en 2024 se completó la instalación de una red de acero inoxidable a lo largo de sus 2,7 kilómetros. Este sistema logró reducir en un 73% la cantidad de suicidios en el primer año de funcionamiento, según datos oficiales.
Desde FORVE también convocan a organizaciones civiles y a la comunidad en general a sumarse al proyecto, en un contexto donde advierten una falta de respuesta estructural por parte del Estado nacional.
Finalmente, remarcaron que cualquier medida de infraestructura debe complementarse con políticas públicas de prevención y asistencia en salud mental, entendiendo que se trata de una problemática compleja que atraviesa a toda la sociedad.