Un verdadero escándalo se desató en la Justicia de Salta con la suspensión del juez Claudio Parisi, quien está acusado de beneficiar a narcos y encubrir un crimen mafioso en el que está involucrado el exintendente de la localidad de Aguas Blancas, Carlos Alfredo Martínez, quien también está detenido.
Parisi está acusado por mal desempeño en, al menos, cuatro causas judiciales. Según publicó el diario El Tribuno, un jurado de enjuiciamiento resolvió quitarle la inmunidad al encargado del juzgado de de Garantías N°2 de Orán.
La unidad fiscal que lo investiga había pedido su detención en la causa donde también fue arrestado el intendente, quien está imputado por entorpecer la investigación sobre el asesinato de su hermano.
La suspensión de Parisi fue resuelta por el jurado por unanimidad y quedó a un paso de la detención. La unidad fiscal que lo investiga, integrada por Carlos Salinas, Alda Murúa y Mariana Torres, ya había pedido que quede preso.
Uno de los casos más controversiales que implica a Parisi es el entorpecimiento de la investigación del crimen de César «Oreja» Martínez, hermano del ahora ex intendente de Aguas Blancas. Una localidad que luego del escándalo fue intervenida.
En la resolución dictada, el tribunal expresó que «la Ley 7138 establece un trámite para allanar la inmunidad de los magistrados o funcionarios acusables ante este Jurado de Enjuiciamiento, que consiste en examinar los antecedentes acompañados y evaluar el asunto, no desde el punto de vista jurídico sino desde la política y ética en salvaguarda del prestigio, autoridad y eficiente funcionamiento de la Justicia”.
Pedro Oscar García Castiella, procurador general provincial había presentado el pasado 9 de septiembre una acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento contra Parisi pidiendo su destitución del cargo: lo acusó de accionar de manera contraria a las exigencias legales y constitucionales propias del cargo, entendiéndose que la conducta del magistrado «lesiona el servicio de justicia» y deslegitima su permanencia.
En dicha presentación, Castiella detalló «manejos irregulares» en al menos cuatro casos. Y en sus fundamentos señaló «decisiones contradictorias», «arbitrariedades», y «beneficios a personas imputadas con hechos graves». Un escándalo.
Carlos Martínez, intendente de la localidad salteña de Aguas Blancas fue separado de su cargo y detenido por la Policía de Salta.La situación de Parisi se agravó porque se comprobó que dichos privilegios procesales fueron abonados con dinero procedente de organizaciones criminales y narcotráfico. De todos modos, esta investigación no tiene que ver con la suspensión del Juez.
Esos delitos de cohecho figuran en otras causas penales que están en proceso. Lo que ahora se decidió es separarlo de sus funciones por el desmanejo de al menos cuatro de los casos.
El homicidio que involucró al intendente de Aguas Blancas y al juez suspendido
Carlos Alfredo Martínez, el intendente de Aguas Blancas fue separado de sus funciones y quedó detenido durante la semana pasada tras presentarse voluntariamente ante la Justicia. Está imputado por entorpecer la investigación sobre el crimen de su hermano, César Martínez.
Por ese caso también fue apresado el abogado del intendente, Roberto Ortega Serrano, y se decidió el allanamiento de la casa de Parisi por «entorpecer la investigación policial».
César Martínez fue asesinado por personas que circulaban en moto: le dieron 17 disparos en plena calle en noviembre del año pasado, mientras cumplía arresto domiciliario. Estaba vinculado al narcotráfico.
El juez ahora apartado de sus funciones intervino en la causa que investigaba la muerte de Martínez, y quedó demostrado que obstaculizó el avance de la actuación de la Fiscalía al no admitir pedidos de allanamientos y secuestro de pruebas de interés para descubrir la verdad.
El irregular comportamiento del juez también forma parte de la acusación presentada por el Procurador.
García Castiella consideró que cuatro casos el magistrado demostró un mal desempeño en el cumplimiento de sus deberes. Y enumeró falta de uniformidad en los criterios para conceder y revocar arrestos domiciliarios; la falta de regulación a la imposición de prisión preventiva; la incorrecta valoración de los riesgos procesales para su otorgamiento; y las respuestas infundadas a los requerimientos de medidas que necesitan autorización judicial formuladas por la Fiscalía.
D.D.