El Tribunal Supremo no tiene ninguna intención de mezclar las cosas y, aunque haya abierto una causa contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos en relación con la pareja de la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado las querellas por delitos de revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos interpuestas por la Asociación Liberum y Fundación Foro Libertad y Alternativa contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El alto tribunal concluye que la diputada socialista no reveló “ningún dato personal y reservado” de Alberto González Amador en unas manifestaciones públicas que realizó el pasado 12 de marzo, tras conocerse que había sido denunciado por el ministerio público por los delitos fiscales y de falsedad en documento mercantil.
El archivo de las querellas, acordado por los magistrados Manuel Marchena (como presidente), Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo y Carmen Lamela, explica que las querellas se dirigían contra la ministra por decir: “Yo diría que evidentemente requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si, efectivamente, como se ha publicado en medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país».
Para los querellantes estas declaraciones implicaban que la ministra había accedido sin autorización y se apoderó de datos personales y reservados referidos a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid con fines políticos y con conocimiento de su origen ilícito; y que el acceso a los datos personales se produjo prevaliéndose de su cargo de Ministra de Hacienda. Pero el Supremo no comparte ese criterio y no aprecia delito alguno en esas palabras.
Pero como admiten las propias querellantes, la noticia relacionada con los delitos por los que está imputado González Amador ya habían saltado a los medios de comunicación desde primeras horas de ese día, porque eldiario.es informó de la interposición de una denuncia por la Fiscalía de Madrid por un presunto fraude fiscal de 350.951 euros que habría cometido entre 2020 y 2021, mediante una trama de facturas falsas y sociedades pantalla.
Para el alto tribunal, “todo ello pone de manifiesto que, cuando la querellada efectuó las manifestaciones a que se refieren las querellas, la denuncia de fiscalía y su contenido, entre el que figuraba el informe de la Agencia Tributaria, ya habían trascendido a terceros y se habían hecho públicos, por lo que ningún dato o información pudo revelar que debieran permanecer secretos. No puede por tanto estimarse cometido el delito de descubrimiento y revelación de secretos previsto en el artículo 197 del Código Penal”.
“Tampoco aparece, del propio contenido de sus manifestaciones, que las declaraciones realizadas se refirieran a datos o informaciones de los que tuviere conocimiento por razón de su cargo. Ningún dato personal y reservado reveló del Sr. González Amador. Se limitó a dar su opinión sobre lo que, a su juicio, debería hacer la presidenta de la Comunidad de Madrid ante las noticias difundidas en relación a su pareja. Por ello ningún indicio se aprecia tampoco de que Montero haya podido cometer un delito de violación de secretos previsto en el artículo 417 del Código Penal”.