El kirchnerismo violó las reglas del Senado para imponer leyes ilegales y deficitarias

El Senado de la Nación fue escenario de una maniobra escandalosa que pone en jaque el orden institucional argentino. En una sesión que violó flagrantemente el reglamento interno, la oposición kirchnerista, con apoyo de sectores dialoguistas, sancionó cuatro leyes de alto impacto fiscal sin cumplir los procedimientos legales ni parlamentarios básicos.

Lejos de tratarse de una sesión válida, lo ocurrido representa un intento de autoconvocatoria ilegítima, una figura inexistente en el reglamento de la Cámara Alta. Según el artículo 19 del Reglamento del Senado, una sesión especial sólo puede celebrarse a pedido de cinco o más senadores o del Poder Ejecutivo, siempre que se exprese el objeto y, en el caso de los legisladores, vinculado a un proyecto que haya ingresado formalmente por Mesa de Entradas. Nada de esto se cumplió.

Tampoco hubo dictámenes válidos de comisión, como exige el artículo 98, que establece que las comisiones deben reunirse en el Senado y dictaminar públicamente, salvo que dos tercios de sus miembros decidan el carácter reservado del encuentro. No se respetó ni el lugar de reunión ni el principio de publicidad.

Además, ningún proyecto puede apartarse del reglamento sin una mayoría de dos tercios, tal como exige el artículo 227, lo que deja en evidencia que la totalidad de la sesión careció de validez jurídica.

Pese a las advertencias, la vicepresidente Victoria Villarruel no levantó la sesión, facilitando de facto la maniobra kirchnerista. Como bien señalaron figuras como el senador Ezequiel Atauche y la diputada Lilia Lemoine, no sólo se omitieron requisitos procedimentales, sino que los dictámenes carecían de la publicidad exigida, lo que los torna nulos.

El paquete aprobado incluye:

Aumento generalizado de las jubilaciones.

Reactivación de la moratoria previsional.

Declaración de la emergencia en discapacidad.

Creación de un fondo especial por las inundaciones en Bahía Blanca.

Según el Ministerio de Economía, estas medidas implican un impacto fiscal de hasta 2,5 puntos del PBI, comprometiendo el déficit cero que el Gobierno  de Javier Milei logró alcanzar tras meses de ajustes exitosos.

Desde el Poder Ejecutivo, la reacción fue inmediata. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió: “Si envían las leyes, el Poder Ejecutivo las va a vetar y además va a plantear judicialmente la ilegitimidad”.