Un grupo de ladrones fue detenido en La Boca después de asaltar a turistas que habían ido a recorrer la zona. Detuvieron a tres sospechosos acusados de participar del ataque, además de un prontuario cargado de causas penales, sorprendió que uno de ellos tenía una tobillera electrónica.
El escandaloso episodio puso en cuestionamiento esta modalidad de detención, considerada una alternativa para combatir la sobrepoblación carcelaria.
Argentina tiene más de 105.000 personas privadas de su libertad, según los datos oficiales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos –a 2022– publicados por la Procuración Penitenciaria de la Nación.
En la Provincia de Buenos Aires, desde hace más de cuatro años hay unos 50.000 detenidos. Hace décadas que ese número no para de crecer. Pero la cifra de procesados o condenados con pulsera electrónica nunca estuvo por encima del 8 % de ese total. Aún cuando en los últimos 10 años el registro de este beneficio procesal pasó de poco menos de 1.800 presos a tener más de 4.300 detenidos en esa condición.
El Servicio Penitenciario Federal (SPF) es el segundo en cantidad de personas alojadas, luego del Bonaerense (SPB) y tenía 11.433 personas al primer trimestre de 2024, funcionando por encima de su capacidad declarada, según datos de la PPN. Casi el 60 % de ese total se encuentran en el AMBA.
A ese número deben sumarse los alojados en alcaidías y comisarías de la Ciudad de Buenos Aires, una situación que desde la pandemia a esta parte obligó a las autoridades a incrementar el número de medidas alternativas de control ante la falta de cupos en los penales federales y la superpoblación en las comisarías.
Los detenidos con tobilleras electrónicas son vigilados desde centros de monitoreo.Para junio, la situación había alcanzado un punto crítico en la Ciudad y el gobierno porteño anunció la compra de 2.000 tobilleras para ofrecer a la justicia.
Ante la consulta de Clarín, explicaron que actualmente tienen 118 tobilleras para arresto domiciliario, un 24 por ciento más que desde enero. Además de 145 tobilleras ambulatorias (cuya finalidad es supervisar únicamente los movimientos de un imputado en una causa) y 186 tobilleras duales para hechos de violencia de género.
«De acuerdo a lo establecido, una sola Unidad de Arresto Domiciliario de la Policía de la Ciudad puede supervisar hasta cinco tobilleras simultáneamente, en caso de que más de un imputado resida en el mismo domicilio», explicaron. Además, agregaron que estas unidades deben «permanecer conectadas a la corriente eléctrica las 24 horas, generando alertas inmediatas ante cualquier anomalía, como cortes en la tobillera, pérdida de señal o cortes de suministro eléctrico».
Los dispositivos no cuentan con GPS, sólo funcionan a través del monitoreo del rango asignado y, de acuerdo a la información oficial, son supervisados por la División Sensores Tecnológicos, ubicada en Chacarita.
¿Qué pasa en la Provincia de Buenos Aires?
De acuerdo con datos del Ministerio de Justicia bonaerense (organismo que tiene bajo su control el SPB) en septiembre de 2024 había 4.350 personas controladas por monitoreo electrónico.
De ese total, 3.113 (72%) son procesados y 1.237 penados. Mediante este mecanismo se controlan también a 23 internos universitarios y a 598 que han resultado beneficiados por salidas transitorias autorizadas por jueces de Ejecución Penal.
Las tobilleras duales son utilizadas para casos de violencia de género: cuando el imputado está cerca, se activa una alarma si el agresor viola la perimetral.El procedimiento para acceder a una «privación de la libertad morigerada», como se denomina a la «domiciliaria» o a la «pulsera» lo tramitan los defensores de los imputados y pueden tener diversos argumentos. Enfermedades; la edad; o el bajo riesgo de que entorpezca la investigación (en caso de procesados con prisión preventiva) son los más usuales.
Esta semana, por caso, Julio «Chocolate» Rigau, el hombre que sacaba plata de cajeros automáticos con las tarjetas de débito de 48 «ñoquis» de la Legislatura bonarense, obtuvo esa licencia procesal.
Antes de ir a su casa con el dispositivo, el juez deberá pedir un informe técnico: tendrá que tener en su casa una línea telefónica activa para conectar el aparato y que pueda estar las 24 horas online. Al estilo de los soportes de las alarmas domiciliarias.
Luego, un equipo especial del SPB realiza la «instalación» y conecta al preso domiciliario con el centro de monitoreo.
Aquí entra en funcionamiento otra área del sistema penitenciario: la central de monitoreo en La Plata, ubicada en 6 y 34. Decenas de agentes permanecen las 24 horas de los 365 días del año y revisan los dispositivos. En el caso de que las personas privadas de libertad salgan del rango establecido se activa un protocolo que incluye contacto telefónico de inmediato o el llamado al 911.
Algunos detenidos logran violar los controles, aunque sea durante por un lapso de tiempo.De acuerdo con un estudio realizado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en 2023, cada 100 mil habitantes adultos en el SPB, había 423 personas encarceladas en instituciones (comisarías, alcaidías y cárceles) y 36 con arresto domiciliario. Desde 2014 a 2023 creció 152% la cantidad de personas detenidas con arresto o prisión domiciliaria (de 1.823 a 4.603), pero esto no ha modificado la situación estructural ya que cada año ha representado entre el 5% y el 8% del total de personas detenidas en la provincia.
Dice la CPM que en todos los dispositivos de detención se registran aumentos de 2014 a 2023. Creció un 6% la población alojada en comisarías, 60% en cárceles, 458% en alcaidías y 657% en monitoreo electrónico. El incremento global fue del 73 % entre los extremos de la serie.
El SPF pasó a la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación por pedido de la actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
En la actualidad la Nación tiene 5.000 pulseras, explicaron fuentes del área. «El número se mantiene constante, por lo menos en lo que va de estos 9 meses. Hay un centro de monitoreo en la Ciudad de Buenos Aires y la mayoría de las provincias tienen uno propio», detallaron.
El sistema de monitoreo electrónico es «colaborativo» según describieron. En la mayoría de los casos, el Gobierno nacional facilita las pulseras a las provincias y las provincias «prestan» cupo en cárceles de sus jurisdicciones para presos federales.
Un motochorro detenido en Recoleta con una tobillera electrónica en 2020.Esa forma de organizar el sistema hace que la custodia de los presos que –por cuestiones de edad, porque no tienen condena firme, mujeres embarazadas o con hijos pequeños– sean beneficiados con este tipo de morigeración, dependa de la jurisdicción en la que tramita la causa y el domicilio que ofrecieron para cumplir la pena.
El incumplimiento implica –o debería– la pérdida de ese beneficio. Los delincuentes, muchas veces, logran sacarse los dispositivos evadiendo los sistemas de control.
De cualquier modo y aunque haya violaciones al sistema, para los especialistas estos mecanismos alternativos a las penas privativas de la la libertad son un «valioso instrumento» para contrarrestar la sobrepoblación carcelaria.
Se estima que la tasa de reingresos en los penales federales es del 28%, es decir personas que cumplen una segunda condena. Para los casos de prisión domiciliaria, de acuerdo a datos de la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica publicados en 2020, esa tasa baja al 7 %, lo que reduce también los costos del estado.
Los últimos datos sobre la prisión domiciliaria en el país
En el Relevamiento Nacional Sobre Personas Detenidas con prisión domiciliaria y vigilancia electrónica, publicado en 2022 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, indicaron que –al 31 de diciembre de 2022– había 12.015 personas detenidas con prisión domiciliaria, de las cuales 6.744 (56,13%) se encontraban detenidas con dispositivo electrónico y otras 5.271 (43,87%) sin dispositivo.
Se trata de 26 personas por cada 100 mil habitantes. De ese total, 4.167 se encontraban, condenadas (34,7%) y 7.107 (59,2%) procesadas. A su vez, se informaron 741 personas (6,1%) con situación procesal indeterminada.
De acuerdo al informe, la prisión domiciliaria y el monitoreo electrónico se «utiliza muy excepcionalmente por motivos de salud, por tener hijos/as menores de 4 años o personas a cargo o edad avanzada y, en la mayoría de los casos, se otorga a personas procesadas».
Según ese relevamiento, del total de las personas privadas de su libertad, el 10,3 % cumple la detención en su domicilio y menos de la mitad tienen dispositivos electrónicos.
MG