La Justicia ordenó la realización de 19 allanamientos simultáneos como parte de las investigaciones por el caso del fentanilo contaminado que habría provocado la muerte de 52 pacientes internados en distintos centros país.
Según confirmaron a Clarín fuentes judiciales, los procedimientos se concretaron este viernes en “objetivos vinculados con el laboratorio HLB Pharma”. Se trata de la empresa farmacéutica que, según los estudios que hizo uno de los hospitales que tuvo pacientes afectados y una denuncia de la ANMAT, vendió el fentanilo contaminado con dos bacterias.
Agentes de fuerzas federales incautaron elementos en 17 domicilios particulares y en dos sedes empresarias. Los inmuebles pertenecen a los dueños del grupo farmacéutico: Ariel, Damian y Diego García Furfaro. Fueron hasta las casas que tienen en los barrios privados San Diego y San Patricio. Y también intervinieron sobre viviendas de directores técnicos de laboratorios HLB Pharma y Ramallo; de gerentes, contadores y otros ejecutivos de esas compañías.
Se concretaron en sitios ubicados en San Nicolás, Ramallo, Ramos Mejía, Villa Adelina, Pilar y Moreno. Todos en la provincia de Buenos Aires. Hubo un procedimiento en CABA y otro en Rosario.
Secuestraron decenas de celulares, notebooks, computadoras y carpetas con documentación. También un arma sin declarar y 29 palets con medicamentos (diclofenac y paracetamol) que deberá disponer ANMAT.
HLB Pharma, propiedad del empresario Ariel García Furfaro, había sido allanado a mediados de mayo, pocos días después de que se iniciara la causa. También se hicieron operativos en el laboratorio Ramallo, vinculado societariamente a la otra firma, y a la droguería Alfarma, con nexos comerciales estrechos con los fabricantes.
Por la contaminación de uno o varios lotes de ese opioide que se prescribe a enfermos graves y que están en terapia intensiva se registran al menos 52 personas muertas en el expediente que tiene a su cargo el juez de la Plata, Ernesto Kreplak. Por ahora no hay imputados y por lo tanto tampoco detenidos.
Según pudo saber este diario, uno de los operativos judiciales lo ejecuta personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en el barrio Traverso de Villa Ramallo. También hay operativos en San Nicolás, que serían en domicilios de directivos o profesionales que trabajaron con esos laboratorios.
El objetivo es encontrar elementos de prueba que puedan establecer si los dueños del laboratorio pueden ser considerados responsables de algún delito por la cadena de irregularidades que terminó con las muertes en centros asistenciales.
El proceso comenzó el 9 de mayo con la denuncia de ANMAT, que tomó conocimiento del incidente por el estudio que hizo el Hospital Italiano de La Plata, donde murieron 15 personas internadas y que recibieron dosis de fentanilo.
El 12 de mayo la ANMAT inhabilitó a HLB y a Ramallo. Y Kreplak reunió testimonio de funcionarios del organismo y de directivos hospitalarios. También pidió información a las 24 jurisdicciones de Argentina para que revelen si en algún centro asistencial quedaban remanentes de los lotes afectados.
Esta semana hubo otros movimientos en el expediente. El martes entró una carta de Nilda Furfaro, madre de los tres hermanos Ariel, Diego y Damián García Furfaro, quienes aparecen como socios, dueños o asociados a toda la red de laboratorios y droguerías cuestionadas.
En el escrito expresa que hay una “campaña de desprestigio” contra HLB Pharma, niega que se hubieran registrado “cientos” de advertencias desde ANMAT y sostiene que los laboratorios de su familia “fueron los más controlados del mercado”.
La mujer, que se presenta como “ex presidente” de HLB Pharma Group, cuestiona que “se sigue afirmando en la prensa que hubo falta de trazabilidad o faltante de fentanilo cuando quedó acreditada la destrucción total del remanente” de ese producto.
Casi al mismo tiempo, el laboratorio ubicó en su página web (que debería estar inactiva porque la firma está deshabilitada por ANMAT) un comunicado con un descargo.
“”Desde un comienzo, nuestro laboratorio, en cooperación con Ramallo, ha pugnado por cumplir rigurosamente con todos los protocolos de calidad establecidos, así como con las presentaciones de la documentación y requisitos exigidos por A.N.M.A.T. y otros entes reguladores, tanto nacionales, como provinciales y municipales”, dice la carta y agregan que su “compromiso con la salud pública ha sido absoluto“.
Este jueves se confirmó que el ministerio de Salud de la Nación fue aceptado como querellante en la causa que lleva Kreplak. Quiere decir que podrá intervenir con pedidos de prueba y otras acciones en el proceso.
AS