El conflicto que enfrenta a la Comunidad Mbya Guaraní Mbokajaty con propietarios registrales de lotes y reservas naturales privadas, va escalando en reiterados enfrentamientos, tensiones y situaciones de amenazas, que genera la recurrente presencia policial para descomprimir el conflicto, hasta que se resuelva la cuestión de fondo con la intervención de los organismos competentes del gobierno provincial y la resolución de la Justicia. Este jueves, la comunidad inició una protesta con corte de camino de acceso al Teyú Cuaré, afectando a vecinos y turistas.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
MISIONES (29/9/2024).- Esta semana miembros de la comunidad Mbya Mbokajaty cortaron el acceso al Teyu Cuaré en espera de una respuesta del municipio de San Ignacio por usurpación de un lote que consideran es de territorialidad indígena, y esperan la intervención efectiva por parte de los organismos del gobierno local de San Ignacio para resolver el conflicto.
Según el relevamiento del ex INAI, en el marco de la Ley 26.160, sostienen que ese territorio en conflicto es legítimamente reconocido como indígena, “pero ha sido invadido nuevamente por una familia ajena no indígena, que se ha instalado por segunda vez en el mismo lugar del que ya había sido desalojada previamente”, explican los guaraníes.
Pese a la presencia de la policía en el lugar, la falta de herramientas y capacitación en derechos indígenas ha evidenciado la incapacidad de las fuerzas de seguridad para resolver el conflicto. “El Pueblo Mbya se ha visto obligado a defender su territorio por sus propios medios, manteniendo una postura firme ante la usurpación. No vamos a parar. Van a venir personas de varias comunidades. Tienen que solucionar esto, porque nos vamos a quedar el tiempo que sea necesario hasta que se resuelva. Se tienen que retirar”, declaró Kerechu, una integrante de la comunidad Mbokajaty.
Este conflicto, que comenzó a fines de julio, había parecido encontrar una solución cuando, tras varias gestiones de la comunidad, la familia intrusa –que según EMIPA había sido ubicada en el lugar por la Comisaría de la Mujer– fue reubicada en otro sitio. Sin embargo, la familia regresó meses después, esta vez con camiones cargados de pertenencias, indicando su intención de permanecer de forma definitiva.
Desde la comunidad Mbya recalcan que no es su responsabilidad resolver un problema habitacional de esta naturaleza. «No se trata de quién es más vulnerable», señalaron. «Los pueblos indígenas tienen derechos constitucionales sobre los territorios que ocupan tradicionalmente, y es el Estado quien debe garantizar su protección. Resolver un problema de vivienda no puede hacerse a costa de usurpar tierras indígenas”, remarcan.
La comunidad Mbokajaty ahora espera una solución definitiva por parte de la Municipalidad de San Ignacio. Hasta entonces, continuarán con las medidas de fuerza, como el corte de caminos, en reclamo de una respuesta gubernamental que, hasta el momento, consideran insuficiente.
Pero la versión de la comunidad se contrapone con lo que denuncian los propietarios o titulares registrales de las tierras en conflicto o vecinas a los asentamientos indígenas ante las situaciones de tensión, amenazas y violencia generadas por los indígenas, y escalan los conflictos para una convivencia pacífica. Las tierras se disputan entre supuestos propietarios, ya sean indígenas o no indigenas, se cruzan las denuncias públicas.
Propietarios piden la intervención del gobierno nacional
Este domingo, 29 de septiembre, Roberto Bonetti, propietario de la Reserva Privada Monte Adentro, lindante al Parque Provincial Teyú Cuaré – que ya realizó semanas atrás un pedido de intervención al Ministerio de Justicia de la Nación por considerar un fraude el relevamiento territorial indígena de la Ley 26.160 y solicitó una investigación – ahora publicó una carta abierta dirigida al Presidente de la Nación, Javier Milei, con un urgente llamado de ayuda en la defensa del Derecho a la Propiedad privada que le asiste en la Constitución Nacional, y que ante los hechos que denuncia en la provincia de Misiones, “no se respetan”.
Leer más: Propietario de reserva natural de Misiones denuncia fraude en el relevamiento territorial indígena de la Ley 26.160 y solicitó la intervención del Ministerio de Justicia de la Nación
“En el día de ayer se produjo un nuevo atropello a la propiedad privada en Teyú Cuaré, San Ignacio, Misiones. Miembros de comunidades aborígenes asentadas en la localidad, armadas con palos, arcos, flechas y látigos, bajo la coordinación del ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen) y EMIPA (Equipo Misiones Pastoral Aborigen), desalojaron a una humilde familia que cuidaba un predio privado”, asevera Bonetti.
Sin embargo, sostuvo que “la cruda realidad que muchos no están viendo es que los verdaderos responsables de este atentado a las garantías constitucionales no son los pueblos indígenas, que en este caso han sido utilizados como herramientas visibles del conflicto. No son los mbya guaraníes los culpables, ni siquiera aquellos que los dirigen, los pseudo religiosos del ENDEPA, quienes bajo el manto de la religión promueven la entrega de soberanía a descendientes de antiguos pueblos indígenas. Según sus propias palabras, no se reconocen como argentinos, y pretenden cumplir su sueño de debilitar a la Argentina desde adentro, facilitando el acceso a nuestros recursos naturales por parte de potencias extranjeras, posiblemente a cambio de beneficios personales (me niego a pensar que esto se hace por simple resentimiento hacia el sistema capitalista)”; expresa en su escrito el propietario misionero.
Para Bonetti, el verdadero responsable “de este robo y amenaza sobre la propiedad privada, es el Estado Nacional como Provincial. Por un lado, con la sanción de leyes que claramente van en contra de los intereses nacionales y de nuestra soberanía; y por el otro, con la complicidad de las autoridades provinciales, que por desinterés o conveniencia no ejercen su deber de garantizar la seguridad pública. Las fuerzas provinciales tratan a los sediciosos con amabilidad y docilidad, temerosas de dañar su imagen ante una opinión pública manipulada por algunos medios de propaganda que presentan a los usurpadores como víctimas y a los legítimos propietarios como intrusos”, arremetió.
“Nos encontramos inmersos en una guerra silenciosa, desproporcionada, donde los ciudadanos comunes, trabajadores y propietarios legales luchan contra una organización financiada desde el extranjero, cuyo objetivo final es la desintegración de nuestra nación. No es casualidad que usted, señor Presidente, repita con frecuencia que «el Estado es una organización criminal que se financia a través de la coacción, con una fuente de ingresos llamada impuestos», agregó en la misiva a Milei.
Bonetti inició una campaña en redes sociales ante la ausencia de respuesta de convocatoria a la prensa local para reflejar el conflicto con la versión de todas las partes, difundiendo las denuncias de varios propietarios en diferentes puntos, no solo de la provincia sino del país, que enfrentan situaciones de conflictos con las comunidades indígena por amenazas, invasión de sus tierras, destrucción de sus recursos naturales y disturbios constantes.
Texto completo de la Carta Abierta
AL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA, SEÑOR JAVIER MILEI:
En el día de ayer se produjo un nuevo atropello a la propiedad privada en Teyú Cuaré, San Ignacio, Misiones. Cientos de personas de comunidades aborígenes, armadas con palos, arcos, flechas y látigos, bajo la coordinación del ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen), desalojaron a una humilde familia que cuidaba un predio privado. Sin embargo, la cruda realidad que muchos no están viendo es que los verdaderos responsables de este atentado a las garantías constitucionales no son los pueblos originarios, que en este caso han sido utilizados como herramientas visibles del conflicto.
No son los mbya guaraníes los culpables, ni siquiera aquellos que los dirigen, los pseudo religiosos del ENDEPA, quienes bajo el manto de la religión promueven la entrega de soberanía a descendientes de antiguos pueblos indígenas. Según sus propias palabras, no se reconocen como argentinos, y pretenden cumplir su sueño de debilitar a la Argentina desde adentro, facilitando el acceso a nuestros recursos naturales por parte de potencias extranjeras, posiblemente a cambio de beneficios personales (me niego a pensar que esto se hace por simple resentimiento hacia el sistema capitalista).
El verdadero responsable de este robo es el ESTADO, tanto a nivel nacional como provincial. Por un lado, con la sanción de leyes que claramente van en contra de los intereses nacionales y de nuestra soberanía; y por el otro, con la complicidad de las autoridades provinciales, que por desinterés o conveniencia no ejercen su deber de garantizar la seguridad pública. Las fuerzas provinciales tratan a los sediciosos con amabilidad y docilidad, temerosas de dañar su imagen ante una opinión pública manipulada por medios de propaganda que presentan a los usurpadores como víctimas y a los legítimos propietarios como intrusos.
Nos encontramos inmersos en una guerra silenciosa, desproporcionada, donde los ciudadanos comunes, trabajadores y propietarios legales luchan contra una organización terrorista evolucionada y financiada desde el extranjero, cuyo objetivo final es la desintegración de nuestra nación. No es casualidad que usted, señor Presidente, repita con frecuencia que «el Estado es una organización criminal que se financia a través de la coacción, con una fuente de ingresos llamada impuestos».
Señor Javier Milei, ha llegado el momento de que demuestre que no es parte de esta mafia institucional que oprime a los ciudadanos. Aquí, en Teyú Cuaré, vecinos de bien, propietarios legítimos de nuestras tierras, estamos siendo aplastados por la maquinaria que usted ahora encabeza. ¿Lo ve, o no lo ve?
Atentamente,
ROBERTO BONETTI
Teyú Cuaré – San Ignacio – Misiones – Argentina