Un día como hoy, en 1913, se promulgó en nuestro país la Ley N° 9.143, la primera norma legal en el mundo destinada a luchar contra la explotación sexual.
Esta herramienta, conocida como “Ley Palacios” (ya que fue presentada por el legislador socialista Alfredo Palacios), marcó la culminación de una de las luchas más resonantes de la historia contra la esclavización de mujeres, niños y niñas para el ejercicio forzado de la prostitución.
Basándose en esta normativa argentina, la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas, instauró el 23 de septiembre como el “Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas”. Lo hizo en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999.
La explotación y el tráfico de personas es un fenómeno que está ligado desde sus orígenes a las guerras, la esclavitud y el tratamiento de las personas como objeto sexual. Es un crimen global que afecta a todas las regiones del planeta, una vulneración de los derechos humanos que atenta contra la vida, la integridad, la libertad y la dignidad de las personas y tiene un claro componente de género, al ser sus víctimas mayoritariamente mujeres.
Las personas traficadas son víctimas múltiples: de los traficantes, de los clientes, de sus circunstancias y de “la invisibilidad” y exclusión a que la somete la sociedad de acogida.
Después del tráfico de drogas y de armas, la trata de personas constituye el negocio transnacional que genera mayores dividendos. La lucha contra este flagelo demanda el compromiso de la sociedad en su totalidad y una fecha como ésta sirve para sensibilizar con respecto a este tema y tomar medidas para erradicar este flagelo mundial que afecta a más de 3,5 millones de personas al año, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Asimismo, según cifras proporcionadas por la Organización Internacional para las Migraciones, se estima que entre el 10% y el 30% de las mujeres que son vinculadas a redes de trata de personas son menores de edad, convirtiendo este delito en explotación sexual.