La Asamblea Interfacultades, conformada por estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional de las Artes (UNA), decidió eimpulsar una tercera Marcha Federal Universitaria, cuyo propósito se centrará en la protesta contra el desfinanciamiento estatal. La fecha establecida es el próximo 12 de noviembre, aunque este proyecto, que aspira a ser un eco de voces nacionales, aún deberá ser discutido y avalado por otras universidades a lo largo del país.
La urgencia de la medida es palpable entre los estudiantes, quienes, en la misma reunión, establecieron una serie de acciones para sostener el reclamo. Así, para el próximo 1° de noviembre, decidieron llevar a cabo un corte en las cercanías del Obelisco, símbolo de la vida pública en Buenos Aires. Desde allí, la manifestación avanzará hasta Plaza de Mayo y, luego, hacia la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT), donde solicitarán que los trabajadores acompañen el reclamo universitario mediante un paro nacional, en apoyo a la marcha programada para el 12 de noviembre.
La organización de este movimiento no es improvisada. El próximo 5 de noviembre, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, se llevará a cabo una reunión crucial en la que se delinearán los detalles de la movilización universitaria. Representantes de centros estudiantiles, así como gremios docentes y no docentes de universidades de todo el país, han confirmado su asistencia para coordinar los pasos de esta tercera marcha federal, una acción que busca unir, en un solo llamado, a miles de estudiantes y trabajadores.
En las distintas facultades del país, ya se están preparando otras acciones en sintonía con el movimiento. Las tomas de facultades se anunciaron como medida de presión entre el 28 y el 30 de octubre, jornadas en las que estudiantes realizarán clases públicas en espacios abiertos hasta finalizar el cuatrimestre. Con esta estrategia, buscan visibilizar su descontento y demostrar que la educación, al igual que los espacios que la contienen, no pueden someterse a presupuestos cada vez más ajustados.
El clima de tensión entre las universidades y el gobierno se ha intensificado por la decisión del Poder Ejecutivo de proceder con auditorías en la educación pública a través de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Esta iniciativa, impulsada por el gobierno de Javier Milei, fue duramente rechazada por la UBA, que interpretó esta acción como un intento de “intervención en las universidades públicas” y de “control sobre lo que se enseña y aprende”.
Ante este escenario, la UBA no se ha quedado en la protesta silenciosa. La universidad informó que, en respuesta a la auditoría de SIGEN, convocará a profesionales independientes, tanto nacionales como internacionales, para que lleven a cabo una auditoría especial de su sistema de control interno. El propósito de esta medida, según el comunicado, es ofrecer «datos transparentes y de acceso público», en un acto que, aseguran, pretende “defender” el “principio de la libertad de cátedra” que ha sido un pilar de la educación pública en Argentina.
La defensa de esta libertad no solo guarda una posición simbólica sino que busca dejar en claro la independencia de las universidades en sus contenidos y métodos de enseñanza. “Controlar lo que se enseña y aprende” es, para los representantes de la UBA, una violación a los principios educativos que han regido la historia de las universidades públicas, y así lo han dejado expresado en su comunicado.
Con cada paso de esta organización, la comunidad universitaria avanza en un terreno complejo. Se presentan demandas, pero también propuestas, en un intento por marcar límites y definir el rol de la educación en la sociedad.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024