El juicio oral aborda la Masacre de Calle Corro, en la que fueron asesinados Vicki Walsh, José Coronel, Alberto José Molina Benuzzi, Ignacio José Bertrán e Ismael Salame, y resultaron secuestrados cinco integrantes más, incluyendo a la hija de Vicki, de apenas un año y tres meses.
Los imputados son seis oficiales y suboficiales: Carlos Alberto Orihuela, Ricardo Grisolía, Gustavo Antonio Montell, Guillermo César Viola, Héctor Eduardo Godoy y Danilo Antonio González Ramos, exintegrantes del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 del Cuerpo I del Ejército, responsables del operativo ilegal en la casa de la calle Canónigo Miguel Calixto del Corro 105, en Villa Luro, Ciudad de Buenos Aires.
En esta primera audiencia, destinada principalmente a la lectura de las acusaciones y delitos que se imputan y la declaraciones declaración de los acusados, que en su mayoría se abstuvieron de hacerlo por recomendación de sus abogados, remitiéndose a las declaraciones contenidas en la causa.
Por la parte querellante, la Dra. Lilen Reyes, integrante junto con Myriam Bregman del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, formuló dos solicitudes al tribunal:
En primer lugar, la revocación de la prisión domiciliaria de los acusados y su traslado a un penal federal. Argumentó que, tratándose de delitos de lesa humanidad, la permanencia en domicilio incrementa los riesgos procesales, incluyendo la obstrucción de testigos, intimidaciones y fuga, especialmente ante la proximidad del juicio y la expectativa de pena. Citó como ejemplo el caso de Jorge Julio López, que evidencia la necesidad de medidas de control.
En segundo lugar, la realización de las audiencias de manera presencial, destacando su relevancia para la participación pública, la memoria histórica, la obtención de verdad y justicia, y la interacción directa con el tribunal y el Ministerio Público. Señaló que la virtualidad limita estos derechos fundamentales, especialmente en el contexto de los 50 años del golpe y de los crímenes cometidos en la casa de la calle Corro.
La sesión fue seguida de manera virtual por mas de cien personas, entre los que se encontraban familiares y organismos de Derechos Humanos. La sola enumeración da cuenta de la importancia que reviste este caso y la lucha contra la impunidad y la represión a 50 años de la dictadura militar: Asociación ex Detenidos Desaparecidos; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Centro de estudios legales y sociales; Liga Argentina por los Derechos del Hombre; CEPRODH; SIPREBA; Hermanas de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia; HIJOS CABA; Hijos por la Memoria y Mesa de la Memoria de Lanus; Comisión de Vesubio y Puente 12. También siguieron la audiencia: Victoria Montenegro, nieta recuperada; Alejandrina Barry, hija de desaparecidos; Maria Laura Bretal, ex detenida desaparecida; Marta Ungaro, hermana de Horacio Ungaro, desaparecido de La Noche de los Lápices; Guadalupe Godoy, abogada defensora de crímenes de lesa humanidad; Margarita Cruz, ex detenida desaparecida; Margarita Noia de Hermanos y Secretaria de DDHH de CTA Capital y Andrea Robles, hija de un militante asesinado por la Triple A, entre otros que vamos a ir nombrando y que le haremos llegar al tribunal.
Un dato central de esta audiencia fue la calificación del asesinato de Vicki Walsh, considerado por la instrucción como tentativa de homicidio, dado que la reconstrucción indica que Victoria se suicidó. Para la querella, se trata claramente de un homicidio agravado, ya que fue empujada a esa decisión mientras se intentaba ejecutar la práctica genocida de la dictadura de torturar a los bebés para obtener información de sus padres.
La segunda audiencia quedó fijada para el 1° de abril a las 9 horas.