WASHINGTON.- En una medida extraordinaria en abierto desafío al Congreso, que un presidente norteamericano no tomaba desde hacía casi 50 años, Donald Trump comunicó que pretende cancelar 4900 millones de dólares que los legisladores aprobaron para programas de ayuda exterior, una decisión que se suma a otras recientes de la Casa Blanca para socavar las funciones de otras instituciones y agencias federales.
La notificación de 15 páginas, enviada al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, el jueves, es el primer esfuerzo del gobierno para impulsar lo que se conoce en la jerga como una “rescisión de bolsillo”. Se trata de un intento de recuperar unilateralmente fondos ya asignados, al esperar tan tarde en el año fiscal para presentar la solicitud, de modo que los legisladores no tengan tiempo de rechazarla antes de que expire la financiación. El año fiscal 2025 concluye el 30 de septiembre próximo, antes del plazo de 45 días que el Congreso debe cumplir para considerar una solicitud de rescisión de la Casa Blanca.
Los republicanos -que controlan ambas cámaras del Congreso- podrían someter el asunto a votación antes de esa fecha, pero los líderes del partido han mostrado poca disposición a resistirse a las exigencias de gasto de Trump y a hacer valer sus propias prerrogativas.
En los últimos días, Trump ya había mostrado cartas similares para ejercer más presión sobre distintas instituciones norteamericanas que mantienen independencia del gobierno, como la Reserva Federal (Fed) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
El lunes, el mandatario republicano abrió un batalla legal sin precedentes con el Banco Central norteamericano al comunicar su decisión de destituir a la gobernadora Lisa Cook, que se resistió con una demanda contra Trump, mientras que el miércoles la Casa Blanca echó a Susan Monarez como directora de la principal agencia de salud pública de Estados Unidos, lo que generó fuertes críticas al gobierno. Las medidas se suman al despido de miles de trabajadores de agencias federales desde que Trump asumió el cargo, el 20 de enero pasado.
La medida de Trump sobre los fondos en ayuda exterior, el último capítulo de una intensa pulsada entre el presidente y el Congreso sobre los poderes de gasto, provocó una rápida condena de la principal republicana en el Comité de Asignaciones, la senadora Susan Collins (de Maine), quien la calificó de ilegal. “Cualquier intento de rescindir fondos asignados sin la aprobación del Congreso es una clara violación de la ley”, advirtió.
“Dado que este paquete se envió al Congreso muy cerca del final del año fiscal, cuando los fondos están programados para expirar, esto es un aparente intento de rescindir los fondos asignados sin la aprobación del Congreso”, añadió.
La carta, publicada este viernes por la mañana en la cuenta de X de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, señala que los fondos se recortarían del Departamento de Estado y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), que ya habían sido un objetivo de esta administración en sus esfuerzos para achicar el gasto al reducir la ayuda exterior. La Usaid ya ha sido prácticamente desmantelada por la administración Trump.
“Desde que asumió, el presidente se comprometió a erradicar el fraude, el despilfarro y el abuso del gobierno de Estados Unidos, ahorrándoles a los trabajadores norteamericanos miles de millones de dólares. Ahora, por primera vez en 50 años, está ejerciendo su autoridad bajo la Ley de Control de Embargos para implementar una rescisión parcial, cancelando 5000 millones de dólares en ayuda exterior y financiación de organizaciones internacionales que violan las prioridades presidenciales de ‘Estados Unidos primero’”, señaló en X el secretario de Estado, Marco Rubio, al defender la medida del mandatario.
La Ley de Control de Embargos, de 1974, otorga al presidente norteamericano la autoridad para proponer la cancelación de fondos aprobados por el Congreso, que puede, dentro de los 45 días siguientes, votar para retirar los fondos o mantenerlos.
Rubio también felicitó al director de presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, por gestionar el proceso. “Usaid está oficialmente en modo de cierre. Russ está ahora al mando para supervisar el cierre de una agencia que hace mucho tiempo se descarriló”, dijo el secretario de Estado, uno de los funcionarios centrales de la administración republicana.
Trump y Vought ya habían dado otras muestras de sus planes para desafiar el control del Congreso sobre el erario público mediante embargos, o medidas unilaterales para cancelar el gasto legalmente obligatorio. Los embargos son ilegales según la Ley de Control de Embargos, que el propio Vought se ha comprometido a impugnar en los tribunales.
En otro orden, la maniobra de Trump podría complicar aún más los intentos de los legisladores de improvisar un paquete de financiación bipartidista para garantizar que el gobierno federal no se cierre el 1° de octubre (lo que se conoce como shutdown). Cualquier acuerdo de gasto debe contar con el apoyo demócrata en el Senado para su aprobación, y los opositores han declarado que se resistirían a votar por ese paquete si la Casa Blanca continuaba con los recortes unilaterales de los fondos aprobados por el Congreso.
La última vez que un presidente norteamericano había aplicado la llamada “rescisión de bolsillo” había sido en 1977, por parte de Jimmy Carter, aunque en un plazo mayor al de 45 días, no como en esta oportunidad realizó Trump.