SANTA FE.- El grupo agroexportador Vicentin se quedó con poco margen judicial para evitar el cramdown, un proceso donde cualquier interesado puede formular una propuesta por la compañía que cayó en concurso de acreedores y adeuda más de US$1500 millones. Ahora se sumó otra derrota jurídica. El recurso de inconstitucionalidad con el que la empresa atacó el fallo de la Cámara de Apelaciones de Rafaela fue denegado por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial.
En su análisis, el Tribunal consideró que el planteo de la empresa no cumplió con uno de los requisitos formales exigidos por la Ley 7055, en particular el referido a la “propuesta y mantenimiento de la cuestión constitucional en todas las instancias del proceso”. Para recordar, en mayo pasado la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela confirmó un fallo para que se realice un proceso de cramdown. En rigor había respaldado una resolución que había dictado el juez del concurso de la cerealera, Fabián Lorenzini.
Si bien la Cámara reconoció que Vicentin cumplió con varios de los recaudos exigibles -como la legitimación, la fundamentación coetánea y la interposición en término-, entendió que no sostuvo de forma oportuna ni explícita la supuesta violación constitucional que invocó.
En consecuencia, según se interpreta, para el Poder Judicial de la provincia el acuerdo de acreedores en el concurso que consiguió Vicentin oportunamente, es asunto cerrado. Es decir, se ratifica la invalidez del acuerdo por “abusivo e ilegal”.
Queda un último paso, el que se generó con el recurso de queja que Vicentin planteó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero ese trámite no impide las acciones correspondientes en la provincia. En consecuencia, tras su decisión, la Cámara de Rafaela debe girar el expediente al juez de primera instancia, es decir Fabián Lorenzini, de Reconquista, para que organice el período de salvataje o cramdown.
El reciente fallo, que lleva la firma de los jueces Duilio Hail, María José Álvarez Tremea y Pablo Lorenzetti, dispone que la cerealera se haga cargo de las costas, fijadas en el 25% de los honorarios que se regulen en primera instancia. Antes de dictar la resolución, la sala trasladó la pretensión empresaria a las partes; esto es, Commodities SA, la Fiscalía de Cámaras y la Sindicatura concursal.
Como se informó oportunamente, el recurso había sido formalizado el 28 de mayo pasado por la concursada con motivo del rechazo judicial a su propuesta de pago en el marco del concurso preventivo. Entre los principales argumentos, la empresa había expresado varios agravios constitucionales que, según su criterio, invalidaban lo resuelto primeramente por la Corte provincial, y luego refrendado por la Cámara de Rafaela.
Este nuevo período que se abrirá en la prolongada resolución de la causa Vicentin, desde la presentación judicial realizada a fines de 2019, es conocido como cramdown. Se trata de una etapa prevista en la Ley de Concursos y Quiebras del país, que se activa cuando el deudor no logra que su propuesta de pago sea aprobada por la mayoría de los acreedores, o no sea homologada por el Poder Judicial. Esta última variante es la que se aplica en este caso.
Durante este período, que deberá ser abierto por el juez Lorenzini, permitirá que los interesados en comprar los bienes de Vicentin puedan presentar propuestas. Si se presenta una propuesta viable y obtiene las mayorías legales, puede ser homologada por el juez, incluso sin el consentimiento del deudor.
Mientras las cuestiones judiciales sacuden al grupo Vicentin, cuya conducción está intervenida, en las tres plantas operativas de la firma (San Lorenzo, Ricardone y Avellaneda) se trabajan normalmente en el procesamiento de granos aportados por ocho firmas que aceptaron el sistema de fasones. Desde junio se garantizó actividad por otros cinco meses en dichas plantas, que llevó tranquilidad a los 1700 trabajadores.
El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del departamento San Lorenzo, Daniel Succi, admitió ante una consulta de este medio, que la operatoria sigue sin inconvenientes aunque los trabajadores aguardan conocer los siguientes pasos judiciales para evaluar en qué condiciones se mantendrán las fuentes laborales.
Por otra parte, por resolución dictada por el juez de Cámara de Rosario, Gustavo Salvador, los cuatro directivos de la firma que se encontraban detenidos –Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti-, imputados por asociación ilícita, administración fraudulenta y lavado de activos, recuperaron su libertad, previo pago de una fianza de US$1 millón cada uno.