La inspección, que se hizo en el marco del juicio que tiene a cinco uniformados procesados, «permitió ratificar el lugar exacto donde fue ultimado Rafael», explicó a Télam el abogado de la familia del joven asesinado, Rubén Marigo.
Dijo que el Tribunal pudo confirmar «las características del terreno, así como acreditar la veracidad del testimonio de los testigos directos del crimen», en relación a Johana Colhuan, Lautaro González Curruhuinca, y Fausto Jones Huala, quienes también participaron este martes de la diligencia.
La comitiva encabezada por los jueces del Tribunal, Alejandro Silva (Presidente), Simón Bracco y Pablo Diaz Lacava, ingresó al predio a las 11.20, mientras un grupo de mujeres, la mayoría integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu que ocupaba ese territorio y fue desalojada el 4 de octubre de 2022, reclamaron poder acceder al rewe (sitio sagrado).
Del despliegue de seguridad participaron efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Policía Federal, Gendarmería y Policía de Río Negro, y fue calificado como «desmedido» por parte de las integrantes de la comunidad que llegaron al lugar.
«Quedó demostrado que hubo una persecución, que los Albatros corrieron a los mapuches montaña arriba, que el lugar donde se encontraron las vainas servidas -durante la primera inspección ocular del 12 de diciembre de 2017- era el sitio donde dispararon los prefectos», planteó Marigo, quien evaluó positivamente la diligencia solicitada oportunamente por el fiscal Rafael Vehils Ruiz.
El fiscal dijo a Télam que fue «muy útil» la inspección, que sirvió para «controlar las versiones vertidas en las indagatorias y las testimoniales», y recordó en ese sentido que «al ejercer el derecho de defensa» un procesado «puede mentir», en cambio «como testigo no», ya que dar una versión diferente a la real puede conllevar consecuencias penales.
Entre los uniformados que en 2017 participaron del operativo en Villa Mascardi, el cabo primero Sergio Cavia es el más comprometido, acusado por el delito de «homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa». En tanto sus pares Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García, están procesados como «partícipes necesarios» por el crimen.
Tres de los cinco procesados -Pintos, Cavia y Sosa- no participaron de la inspección, ya que su abogado defensor, Marcelo Hugo Rocchetti, rechazó la diligencia.
En cambio, Obregón y García estuvieron en el lugar y respondieron preguntas de las partes, junto a las abogadas de Prefectura que los representan.
El prefecto Francisco Lescano concurrió citado como testigo y estuvo en el lugar de los hechos, pero no subió hasta el punto donde sus compañeros de armas efectuaron entre 114 y 129 disparos con proyectiles 9 milímetros.
Przybylski señaló a Télam que «pudimos corroborar en el terreno lo que veníamos escuchando en las audiencias y en las testimoniales. Pudimos ver el punto exacto donde empezó Prefectura a disparar con munición de plomo y el recorrido ascendente de cómo continuaron esos disparos».
«Llegamos hasta el lugar donde cayó Rafael Nahuel, y fue marcado por Johana Colhuan que estaba al lado de él», agregó y señaló que «fue muy impresionante porque nos daba un ángulo de tiro de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, que es exactamente el ángulo de tiro de la bala que mató a Rafael».
La inspección concluyó pasadas las 17 y de acuerdo al cronograma informado por el Tribunal, los alegatos del juicio oral se realizarán los días 7, 8, 14 y 15 de noviembre, y el veredicto será leído el 22 del mismo mes.