Vecinos del barrio de Recoleta denunciaron durante días una situación de peligro constante generada por un residente de un edificio de la calle Anchorena. El hombre, identificado como Rubén, de 68 años, protagonizó una serie de ataques desde el balcón de su departamento contra quienes transitaban por la vereda.
Una rutina de peligro
Según consta en videos que circularon en redes sociales y en las denuncias presentadas, el individuo había establecido una metodología para sus agresiones. Durante el día, permanecía sentado en una silla en el balcón, con diversos objetos a su alcance para arrojar. Para lanzarlos, se escondía tras la puerta para no ser visto desde la calle. Por las noches, cambiaba de “munición” y utilizaba un rifle de aire comprimido para disparar hacia las personas.
La intervención policial
Ante las reiteradas denuncias, la Policía de la Ciudad inició una investigación. Analizaron el material audiovisual aportado por los testigos y realizaron tareas de campo para identificar al agresor y su domicilio exacto. Una vez obtenida la información, se ordenó un allanamiento.
El operativo se llevó a cabo el viernes pasado con la participación de la División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM), un grupo especializado en situaciones de alto riesgo. Las imágenes muestran a los efectivos forzando la puerta del departamento con un ariete y reduciendo al hombre al grito de “¡Policía!”.
El secuestro del arma y la decisión judicial
Dentro de la vivienda, los policías encontraron un ambiente desordenado, con numerosos envases vacíos y provisiones dispersas. En el lugar fue hallado y secuestrado el rifle de aire comprimido junto a cajas con municiones.
Sin embargo, pese a la peligrosidad demostrada por el individuo y a las pruebas recolectadas, el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°27 que intervino en el caso decidió no adoptar ninguna medida de coerción. En consecuencia, el denunciado recuperó su libertad tras la consulta policial.
La preocupación vecinal
La resolución judicial ha generado inquietud entre los residentes de la zona, quienes durante semanas convivieron con el riesgo de ser alcanzados por proyectiles u objetos contundentes lanzados desde la altura. El caso pone en evidencia los desafíos que enfrentan las comunidades y las fuerzas de seguridad ante comportamientos violentos que, aunque no involucren armas de fuego reglamentarias, representan una amenaza concreta para la integridad física de las personas en el espacio público.