Previamente a su renuncia a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, conocida días atrás, el exjuez Alberto Baños pronunció un discurso ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, que significó un cambio trascendente en la posición que la Argentina mantenía respecto de los enfrentamientos armados de los años 70 y de sus consecuencias.
La delegación, que incluyó al subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, y al subsecretario legal del Ministerio de Seguridad, Diego Goldman, reputó como falsas muchas de las denuncias actuales que recibe nuestro país sobre presuntos abusos de sus agentes de seguridad y penitenciarios, generadas en informes intencionadamente falsos.
Baños expresó que el Gobierno sostiene una política de “memoria completa” respecto del pasado y que a algunas organizaciones de derechos humanos no les interesó la verdad, desde el momento en que, ante cualquier cuestionamiento a la cantidad de 30.000 desaparecidos que vienen sosteniendo históricamente, se acusa al ocasional disidente de “negacionista”. Ello -continuó el entonces funcionario- aun cuando se ha conocido desde hace años el origen de ese número falaz y a su autor, que vive actualmente, quien dio cuenta de la finalidad perseguida mediante la invocación en aquellos momentos de dicha cifra ante los organismos internacionales.
Las valientes expresiones de Baños se inscriben por fin como manifestación de una verdad ocultada por los gobiernos kirchneristas que tampoco salió a la luz durante la gestión del presidente Mauricio Macri, a pesar de sus promesas de campaña.
Baños sostuvo que a algunas organizaciones de derechos humanos no les interesó la verdad
Efectivamente, entre las falsedades de las sucesivas gestiones presidenciales kirchneristas se encuentra el respaldo al número de desaparecidos durante la dictadura militar, entre 1976 y 1983, sostenido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras organizaciones alineadas a la izquierda del arco ideológico. La cifra de 30.000 desaparecidos fue consignada como verdad absoluta en comunicados, decretos, eslóganes y páginas web gubernamentales, además de programas educativos, conferencias y hasta en normas legales.
Sin embargo, el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado de la Secretaría de Derechos Humanos, creado precisamente por el gobierno kirchnerista consultando los habeas corpus, las denuncias, el trabajo de la Conadep y miles de causas judiciales, pudo identificar 7018 personas desaparecidas, ya no entre 1976 y 1983, período durante el que se extendió el denominado Proceso de Reorganización Nacional, sino durante un lapso diez años mayor, es decir, entre 1966 y 1983.
Las manifestaciones del hoy exsubsecretario respecto de que se conocen el origen y el autor de esa falacia refieren a las públicas manifestaciones nunca desmentidas de Luis Labraña, un exmontonero que marchó al exilio durante la última dictadura militar. Labraña viene expresando desde hace años en todos los medios la falsedad de la cifra de 30.000 desaparecidos. Cada vez que se lo consulta, sostiene que las Madres de Plaza de Mayo llegaron a Amsterdam con una lista de 4800 personas en esa condición y que necesitaban dinero para solventar sus actividades. Asegura que tenían la intención de alegar la existencia de un genocidio para lograr ayuda económica de los holandeses, pero que la cifra de víctimas era insuficiente para alcanzar los estándares requeridos para la existencia de ese tipo de delito. “Nos juntamos e inventamos la cifra… Dijimos varias: una fue 15.000, otra 30.000 y otros disparates. Finalmente, se aprobó 30.000 y así quedó. Fui yo el que dijo la cifra. Fui yo la persona que dijo 30.000. Oficialmente hay 8000 personas desaparecidas”, aseguró Labraña antes de aclarar que “todas las Madres [de Plaza de Mayo] aceptaron inventar la cifra”.
Hay muchas otras contundentes pruebas que le dan la razón a Baños respecto de los dichos de su exposición cuando fue funcionario del actual gobierno. A poco de asumir, Néstor Kirchner le cedió lisa y llanamente al CELS, entonces comandado por Horacio Verbitsky, el diseño e implementación de la política de derechos humanos de nuestro país. Este exguerrillero, miembro de las Fuerzas Armadas Peronistas en sus comienzos para luego pasar a ser parte de la agrupación Montoneros, mantenía una estrecha relación con varios de los organismos internacionales de derechos humanos.
Junto al CELS, diseñó el decreto 1086/2005 que tiene solo unos pocos artículos, pero un Anexo de 261 páginas que se mantendría sin publicar en el Boletín Oficial durante años. El motivo fue la introducción de una extraordinaria serie de cambios que tendría un impacto crucial en el campo político, cultural, económico y educativo de la Argentina, nunca antes anunciado ni debatido por nuestra sociedad. El programa incluyó, entre otras cuestiones, una educación que respaldara el aborto y la elección de sexo “ante la discriminación practicada desde la religión y la medicina de reconocer solo dos sexos”. Propiciaba ya en 2005 el matrimonio igualitario, la sanción de leyes que contemplaran el cambio de sexo como un derecho de las personas con identidades sexuales y de género diversas, y una educación sexual para que niños y adolescentes pudieran adoptar “decisiones libres sin discriminación o coacciones”. El Programa auspiciaba los reclamos de los pueblos originarios y además consideraba -citando un informe del CELS- que la tarea policial ha sido históricamente diseñada en la Argentina para disciplinar socialmente y controlar políticamente a la población, por lo que recomendaba reestructurar la modalidad tradicional de prevención y represión del delito, la organización policial y el sistema de investigación en la instancia judicial. Al mismo tiempo, se oponía a todas las iniciativas de esas fuerzas por alcanzar algún grado de autonomía, facultades e iniciativas propias para la prevención del delito.
Mañana: Un relato tan dañino como mentiroso.