Con los acontecimientos ocurridos esta semana se podría afirmar que el tema de las recetas médicas tiene definitivamente a maltraer al Gobierno. Como se recordará, el oficialismo ya había sufrido cierto desgaste político a fin del año pasado cuando el decreto 70 había prohibido nombrar marcas de medicamentos en las prescripciones, para luego en enero dar marcha atrás. Ahora, la nueva Resolución 3934, conocida esta lunes, no reparó lo suficiente en todo el arco de consecuencias y la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) debió salir a aclarar que pronto habrá un ampliación de la norma reparadora de la original.
Tal como informó Clarín este martes, finalmente se confirmó que la obligación de que las recetas sean sólo firmadas por profesionales de obras sociales y prepagas en los planes de salud cerrados se aplicará sólo a un conjunto reducido de enfermedades, particularmente las que demandan medicamentos de alto costo. El resto de las recetas corrientes podrán seguir realizándose como sin restricciones, según detalló la SSS en un comunicado conocido en las últimas horas.
Si bien el espíritu del Gobierno habría sido desde un primer momento apuntar a restringir quiénes pueden ser prescriptores de determinadas drogas de costo millonario, el texto de la norma dio lugar a que las prepagas imaginaran un escenario en el que ese tipo de controles alcanzaría a todos tipo de medicamentos, con el objetivo de evitar abusos. Escenarios, por ejemplo, en el que un afiliado consigue que un médico amigo le recete al por mayor y el beneficiario reparte esos remedios con gente que no es afiliada. Eso, todo indica, podrá seguir ocurriendo.
En efecto, la SSS informó en su último comunicado que la Resolución 3934 “no representa ninguna modificación en los medicamentos, tratamientos o atención médica de la gran mayoría de los argentinos que utilizan el sistema de salud”. En el medio, algunas empresas importantes se comieron el amague. Una de las más importantes, según pudo saber Clarín, ya estaba diseñando la forma en que los controles se harían efectivos en la práctica, mientras que otra decidió usar la norma como herramienta de fidelización con sus clientes.
El último caso mencionado fue el de OSDE, la prepaga con más afiliados del país, que este martes envió a sus afiliados una carta para calmar eventuales ánimos alterados: “Hoy nos ponemos en contacto para informarte sobre la Resolución 3934 (…) acerca de la validez de las recetas u órdenes de tratamientos en planes de salud cerrados. Queremos llevarte tranquilidad y contarte que su alcance no afecta a los planes de OSDE, debido a que garantizan la libre elección de profesionales. Por lo tanto, tu cobertura no se modificará”.
Gabriel Oriolo, titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, que ayer emitió un comunicado aclaratorio.Efectivamente, todos los planes de esta prepaga, desde el más económico 210, son abiertos, lo que significa que tienen al menos una mínima cuota de reintegros que permite a los afiliados consultar profesionales por fuera de la cartilla. En este sentido, la empresa decidió usar la decisión oficial, gratis y a su favor, aun cuando -casi en simultáneo que esta carta salía a la luz- el Gobierno aclaraba que en realidad ningún afiliado de prepaga u obra social sería afectado por la medida, dado que la resolución apunta exclusivamente a los medicamentos de alto costo. Aclaración que será saldada en los próximos días con una norma complementaria.
Desliz oficial e impacto de la norma
La interpretación de al menos dos prepagas grandes de que el escenario que se venía era el de restricciones para todas las recetas, sin distinción de enfermedad o precio del medicamento, da la pauta de que el Gobierno volvió a incurrir en una especie de blooper, tal como ocurrió con el tema de los monotributistas, cuando la supuesta libertad que los argentinos tendrían de elegir una prepaga sin triangular sus aportes con una obra social, finalmente para ese sector de bajos aportes se transformó en la elección de sólo algunas prepagas: las que se anoten en un registro especial para recibir a pequeños contribuyentes.
Tal como quedará planteada entonces la Resolución 3934, es difícil poder determinar en principio cuál será su impacto financiero, en la medida que si bien las prepagas con planes cerrados legalmente estarán en condiciones de rechazar las recetas que firmen médicos ajenos a las coberturas, nadie podrá prohibir a los afiliados la posibilidad de seguir acudiendo a la Justicia, receta en mano, para reclamar que una droga «catastrófica» prescripta por cualquier especialista tenga que ser provista.
Es cierto que existirá de ahora en más un elemento nuevo en esos expedientes: el imperativo del Gobierno de que para acceder a los medicamentos de alto costo habrá que cumplir con una serie de requisitos. De todos modos, a la hora de impartir justicia, será en los tribunales del país que finalmente se terminará de dirimir si esta nueva norma, artífice de tanto revuelo, esquiva la controversia y se ajusta a derecho.
PS