Al asumir la presidencia en diciembre de 2023, Javier Milei enfrentó un déficit financiero del 5% que heredó de la gestión de Alberto Fernández. Su principal promesa durante toda la campaña fue terminar con la inflación, y para lograrlo implementó un severo ajuste en las cuentas públicas. Dejar de emitir y dejar de gastar.
“No hay alternativa posible al ajuste, tampoco hay lugar a la discusión entre shock o gradualismo. Para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento y lamentablemente, tengo que decirles de nuevo, no hay plata”. Con estas palabras asumió Javier Milei su presidencia en diciembre de 2023. Así su gobierno avanzó con recortes profundos en varias áreas.
Discurso del Presidente Javier Milei en el Congreso de la Nación al presentar el Presupuesto 2025. Foto Maxi FaillaAdemás, propuso acciones concretas con el objetivo de mejorar las cuentas públicas y reducir el gasto: como privatizar empresas públicas, cancelar la publicidad oficial y suspender la obra pública.
En su visión, todo esto ayudaría a reducir impuestos, un pilar fundamental en la política económica de Milei, que busca incentivar la iniciativa privada.
Impacto en la economía y la sociedad
Con su ortodoxia, Milei no solo busca mantener el déficit cero, sino que además exige la paciencia de la población. Gremios y organizaciones sociales se movilizaron rápidamente apenas asumió con pedidos de freno a los recortes, especialmente en sectores vulnerables.
El ajuste permitió reducir la inflación, que llegó a registrar picos mensuales del 25% en enero de 2024. Pero al costo de una recesión económica que se profundizó con el paso de los meses. Aunque la inflación fue desacelerando, sectores clave de la sociedad comenzaron a sufrir las consecuencias. En particular los jubilados, quienes se vieron severamente afectados por la baja en el monto de los haberes.
Los jubilados, los más golpeados
El principal gasto social del Estado recae en el área previsional, que representa el 50% del gasto público. Con una disminución en términos reales, muchos beneficiarios vieron sus ingresos reducidos, mientras los precios de bienes básicos seguían en aumento. Para esas personas, que son millones, los recortes implican una drástica caída en su calidad de vida.
En diálogo con Clarín, Noemí M. (86), jubilada y pensionada nacional, expresó su apoyo a la necesidad de un ordenamiento fiscal, pero criticó que los jubilados siempre sean el pato de la boda. «No me parece bien el veto del presidente a la reciente ley de aumento. A nosotros nos suben mucho los medicamentos», comentó refiriéndose al impacto del ajuste en los precios de productos esenciales.
Desde la oposición, Alejandro “Topo” Rodríguez, exdiputado nacional y director del Instituto Consenso Federal, criticó duramente la política de ajuste. «De cada 1.000 pesos ‘ahorrados’, casi 300 se los han quitado del bolsillo a jubilados y pensionados«, afirmó.
Marcha de jubilados frente al Congreso Foto Juano Tesone
El recorte de subsidios y la caída de la actividad económica
Otro rubro del ajuste fue la reducción de los subsidios a los servicios públicos, que en su pico alcanzaron el 5% del Producto Bruto Interno (PBI). Esto generó un aumento en las tarifas de electricidad, gas y transporte, lo que golpeó principalmente a los sectores de menores ingresos.
En cuanto a la emisión monetaria, durante la gestión de Massa alcanzó los 31 billones de pesos. Con la llegada de Milei, la emisión se redujo a 13,3 billones en los primeros meses de 2024. Esta reducción contribuyó a la baja de la inflación, pero también generó una caída del 14% en términos reales de los ingresos fiscales, profundizando la recesión económica.
Según Eduardo Fracchia, profesor de economía en IAE Business School, “el déficit financiero alcanzó el 5%. Hoy tenemos un superávit financiero del 0,4% del PBI y un 1,1% de superávit primario. Esto implica que los ingresos del Estado, después de pagar todos los gastos, son positivos, inclusive pagando los intereses de deuda”. Este dato fue uno de los logros más celebrados por el gobierno, aunque con serias implicancias sociales.
Por cierto, con el correr de los meses, el ajuste comenzó a generar fisuras en la confianza de algunos sectores económicos y sociales. Las pequeñas y medianas empresas, que ya enfrentaban dificultades para mantenerse operativas en un contexto recesivo, empezaron a ver una disminución en la demanda y un aumento en los costos de producción debido a la falta de subsidios. Diego A., propietario de un gimnasio en Olivos, comentó: “La luz subió muchísimo, y eso que es invierno. Veremos qué pasa cuándo tenga que prender los ventiladores. No puedo subir mucho la cuota porque sino la gente deja de venir”. El rubro “gimnasios y actividades deportivas” es en el que más recortan las personas de acuerdo con un sondeo de Kantar, en un 63% de los casos.
Consecuencias a largo plazo
Las medidas de ajuste trajeron consigo importantes desafíos para la población. Si bien la inflación fue disminuyendo, la baja de la actividad se siente en todos los sectores. El gobierno de Milei, a pesar de las críticas y las movilizaciones en su contra, especialmente las masivas marchas en defensa de la universidad pública, logró mantener una imagen positiva en parte del electorado, que aún confía en su capacidad para llevar adelante las reformas prometidas.
Sin embargo, muchos especialistas alertan que, si bien el ajuste fiscal fue efectivo en términos de estabilización monetaria, su impacto en la vida cotidiana plantea dudas sobre su viabilidad a largo plazo.
El RIGI: la gran apuesta del gobierno para atraer inversiones
La gestión de Javier Milei llegó con un proyecto bajo el brazo: el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una iniciativa diseñada para captar capitales en sectores estratégicos, fomentar la producción local y promover el crecimiento económico.
Aprobación de la Ley Bases en la Cámara de Diputados.Creado a través de la Ley 27.742 (Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad), está dirigido a empresas que realicen inversiones superiores a US$ 200 millones en sectores estratégicos como la minería, el petróleo, la energía, la forestoindustria, el turismo y la tecnología.
A estas compañías a cambio se les ofrece estabilidad fiscal por 30 años, además de incentivos en el ámbito impositivo, aduanero y cambiario. Según el gobierno, el RIGI tiene como propósito atraer inversiones tanto nacionales como extranjeras, fortalecer la competitividad de ciertos sectores, aumentar las exportaciones de bienes y servicios, y fomentar la creación de empleo.
En un escenario donde la economía argentina enfrenta desafíos por la falta de dólares, esta propuesta ha sido presentada como la herramienta clave para reactivar la economía y asegurar una mayor disponibilidad de divisas. Según el Ministerio de Economía, dirigido por Luis Caputo, se espera que los proyectos que se acojan al RIGI inyecten más de US$ 47.000 millones en la economía, principalmente en sectores como el litio, el cobre y el gas natural licuado.
Los beneficios que ofrece el RIGI
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones busca atraer capitales mediante una serie de ventajas fiscales y legales:
Estabilidad fiscal a mediano plazo: las empresas que inviertan en proyectos amparados por el RIGI gozarán de estabilidad fiscal durante tres décadas, lo que les permitirá planificar con previsibilidad sus operaciones y expansiones.
Flexibilización en normativas impositivas, aduaneras y cambiarias: los proyectos adheridos al régimen podrán acceder a exenciones tributarias y facilidades para girar divisas al exterior, un incentivo particularmente atractivo en un país con restricciones cambiarias como Argentina.
Certidumbre jurídica: el RIGI ofrece un marco legal que otorga seguridad a las empresas y protege sus inversiones de cambios abruptos en la normativa.
Las críticas al RIGI
A pesar de las promesas, el RIGI ha generado intensos debates en distintos sectores de la sociedad. Los detractores argumentan que este régimen podría profundizar la desigualdad, beneficiar exclusivamente a las grandes empresas, dejando afuera a los pequeños y medianos empresarios, que representan una parte vital de la economía argentina.
TGS presentó un proyecto para ampliar la capacidad de transporte del Gasoducto Néstor Kirchner.Uno de los puntos más criticados es el monto mínimo de inversión exigido para acceder al régimen, que ha sido considerado excesivo por diversos actores. Natalia de la Sota, diputada nacional por Córdoba del bloque Encuentro Federal, expresó: «No basta con crear condiciones económicas y financieras favorables, sino que es esencial contar con instituciones sanas, estables, previsibles y transparentes”. Además, destacó que las inversiones no contribuyen al desarrollo si se enfocan únicamente en que “tengan mayores ganancias las empresas”.
De la Sota hizo hincapié en que la normativa excluye a sectores claves como el agropecuario y el metalúrgico, que generan miles de empleos y son pilares de la economía local. «El sector agropecuario quedó duramente golpeado por el aumento de insumos, los costos de producción y las inclemencias climáticas, además de la reciente aparición de plagas como la chicharrita, que ocasionó un derrumbe en la producción de maíz, y el gobierno los discrimina dejándolos fuera de su agenda», afirmó. A su juicio, este enfoque podría perjudicar a muchas industrias y agravar las desigualdades existentes en el país.
La diputada también advirtió sobre los beneficios «exagerados» que el RIGI otorga a grandes inversiones en materia tributaria y cambiaria, lo que generaría un escenario de competencia desleal para el empresariado nacional y las PyMEs, que conforman el 99,2% del volumen empresarial argentino. “Las PyMEs van a tener que competir con importaciones sin controles ni aranceles, lo que ocasiona un escenario desigual”, subrayó, además de advertir que esto podría afectar directamente la generación de empleo.
Otro aspecto que ha generado controversia es la posible concentración de inversiones en proyectos extractivistas, como la minería y el petróleo, lo que ha despertado inquietudes sobre el impacto ambiental y el modelo económico que se busca fomentar.
Apoyo desde las provincias mineras
Pero hay sectores que ven en el RIGI una oportunidad clave para revitalizar economías regionales que dependen de la minería. La diputada nacional de Unión por la Patria Ana Fabiola Aubone, quien representa a la provincia de San Juan, votó a favor del RIGI debido al impacto que tendrá en su provincia, una región con una fuerte proyección minera. “He apoyado firmemente el régimen de grandes inversiones porque represento a la provincia de San Juan. Tenemos y debemos hacer minería responsable, sostenible y sustentable», sostuvo Aubone.
Piscinas de salmuera utilizadas para extraer litio en el Salar del Rincón, en Salta, Argentina. REUTERS/Agustin MarcarianLa diputada explicó que la única manera de avanzar en esta dirección es mediante inversiones, muchas de ellas provenientes del exterior. Destacó que San Juan posee una de las reservas de cobre más grandes de Latinoamérica, un mineral crucial para la transición energética hacia la que se encamina el país.
Además, mencionó que la minería genera empleo directo e indirecto, y que es una fuente de ingresos significativa para las provincias. En este sentido, el RIGI es visto como una herramienta para atraer inversiones que fortalezcan el desarrollo de la región.
Aubone subrayó que la legislación provincial de San Juan ya se ha adherido al RIGI, y que varios municipios mineros han comenzado a reglamentar su implementación. Según la diputada, el régimen no solo beneficiará a las grandes empresas, sino también a los proveedores locales que forman parte de la cadena de producción minera. No obstante, expresó su preocupación por el hecho de que los conflictos que surjan en torno al RIGI puedan ser dirimidos en tribunales internacionales, como el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), en lugar de la justicia argentina.
Diputados de Río Negro celebraron la adhesión al RIGI.
Un respaldo condicionado
Otro apoyo clave para el RIGI proviene del senador nacional de la Unión Cívica Radical, Flavio Fama, quien representa a la provincia de Catamarca. Fama, aunque reconoce la importancia del RIGI para atraer inversiones en sectores como la minería, ha expresado inquietud por el monto de inversión exigido. «El piso de inversión de 200 millones de dólares es elevado, y los pequeños inversores también deberían acceder a ciertos beneficios», señaló Fama, quien junto a otros senadores ha propuesto reducir este umbral para hacer el régimen más inclusivo.
El senador destacó el potencial de la Puna argentina, una región rica en minerales, como uno de los principales focos de atracción para inversiones bajo el RIGI. A su vez, enfatizó la importancia de que los beneficios de estas inversiones impacten en las provincias, señalando que en el Senado se introdujeron modificaciones clave para asegurar que la implementación del RIGI genere un mayor derrame en las economías locales.
Sin embargo, advirtió que la minería no será una actividad sostenible a largo plazo, debido a que la explotación de estos recursos podría durar entre 15 y 20 años. Fama también manifestó su apoyo a las medidas del gobierno para reducir la burocracia y eliminar barreras para los inversores, mediante la digitalización de trámites y la simplificación de procesos administrativos. Además, resaltó que el éxito del RIGI dependerá de una buena gestión por parte del Ejecutivo, tanto a nivel nacional como provincial, para atraer inversiones y fomentar el desarrollo regional de manera inclusiva.
También la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) ha mostrado su apoyo al RIGI, señalando que el régimen es crucial para atraer inversiones y fomentar la competitividad nacional en un momento clave para la minería, especialmente ante el incremento de la demanda de minerales como el cobre y el litio debido a la transición energética global. La CAEM subraya que, aunque el RIGI es una respuesta a esta creciente demanda, su relevancia va más allá, al ofrecer un marco para destrabar proyectos mineros de clase mundial que han estado en pausa durante años por las dificultades macroeconómicas de Argentina.
Trabajadores en Sales de Jujuy, en el proyecto de litio Cauchari-Olaroz. EFE/ Cámara Argentina de Empresas MinerasSegún sus proyecciones, las inversiones en el sector minero podrían superar los 27.000 millones de dólares hacia 2030, y destacan que el RIGI será clave para restaurar la confianza de los inversores al proporcionar estabilidad fiscal y un régimen tributario competitivo. Asimismo, la CAEM enfatiza que el régimen no ofrece ventajas excepcionales para el sector, sino que permite a Argentina equipararse con otros países competidores, como Chile, cuya industria minera supera con creces a la argentina en términos de exportaciones.
En cuanto al impacto, estiman que si los proyectos avanzan bajo el RIGI, las exportaciones mineras podrían triplicarse, alcanzando los 12.000 millones de dólares anuales. Además, el sector podría duplicar los más de 100.000 empleos directos que genera actualmente, con un fuerte efecto positivo en las economías regionales, donde cada proyecto minero involucra a cientos de proveedores, principalmente pymes. Según la CAEM “el RIGI jugará un rol fundamental, ayudando a la competitividad nacional”.
Implementación del RIGI
El Ministerio de Economía, será la entidad responsable de aplicar el RIGI. Para supervisar la implementación, se ha creado un Comité Evaluador que se encargará de aprobar o rechazar las solicitudes, junto con una Unidad de Coordinación que gestionará el cumplimiento de los requisitos.
Asimismo, la ley dispone la creación de un Panel RIGI, que funcionará como un mecanismo de resolución de conflictos para cada proyecto. Este panel estará conformado por tres profesionales seleccionados mediante concurso público.
Impacto social y político
El RIGI ha generado expectativas en distintos sectores de la sociedad. Mientras que los industriales ven en el régimen una oportunidad para acceder a incentivos fiscales y financieros, los pequeños y medianos empresarios temen quedar excluidos de los beneficios, lo que podría generar tensiones y aumentar las desigualdades.
Desde una perspectiva política, el RIGI ha provocado fricciones entre el gobierno nacional y algunas provincias, especialmente en Buenos Aires, donde se ha cuestionado la concentración de beneficios en ciertos sectores.
El éxito del RIGI dependerá en gran medida de la confianza que los inversores depositen en el país y de la capacidad del gobierno para implementar las reformas necesarias. El futuro de este régimen será clave para evaluar si puede convertirse en un motor de desarrollo o si enfrentará los mismos problemas estructurales que han afectado a Argentina en el pasado.
El campo a nueve meses de Milei, ¿un cambio alentador?
“Para proteger a la industria, se le robó al campo”, fue la frase que Javier Milei sostuvo el lunes 2 de septiembre en la sede de la Unión Industrial. Sin embargo, a pesar de haberse referido a los productores agropecuarios como “héroes” y de haber manifestado su apoyo hacia el sector, el agro enfrenta uno de los momentos más desafiantes de la historia.
La 136a. edición de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional en Buenos Aires. Foto EFEEn un contexto de cambios en el panorama político, el presidente cumplió a principios de agosto una de las promesas de su campaña electoral: eliminó y redujo algunos derechos de exportación. A través de del Decreto 697/2024, publicado en el Boletín Oficial, las retenciones para los lácteos, la carne porcina y las categorías de vacas A, B, C, D y E fueron eliminadas en todos los mercados, mientras que se aplicó una reducción del 25% en las retenciones a las cadenas bovina y aviar. Se trata de productos de exportación, que tributaron más de 60 millones de dólares en retenciones durante el año pasado.
A pesar de estas medidas orientadas a aliviar la carga impositiva, el campo sigue a la espera de que el gobierno brinde más señales. Ya que las retenciones en el principal cultivo de exportación, la soja, llegan al 33%.
Según lo expresado por el presidente, este sector está entre sus prioridades: “Son los grandes protagonistas de la vida económica argentina. Son quienes tiran para delante del carro del país, a pesar de la colina que ha estado cada vez más empinada y por eso, sin duda, merecen ser llamados héroes”.
En el Gobierno sostienen que la crisis heredada dificulta la implementación de medidas concretas. Los productores tienen posturas diversas sobre las políticas de Milei, pero coinciden en ciertos puntos clave.
De amenazas a promesas, un cambio esperanzador
Iván Ordoñez, licenciado en Economía especializado en agronegocios, habló del gran desafío del equipo de Milei y señaló a la administración anterior: “Lo que dejó el Gobierno anterior fue una bomba atómica, es un milagro que no hayamos tenido hiperinflación”.
Cosecha de soja en un campo de Pergamino, en las afueras de Buenos Aires, Argentina. REUTERS/Matias BagliettoEl gobierno actual heredó una situación económica marcada por profundos desafíos. En términos de inflación, Argentina se enfrenta constantemente a cifras alarmantes. Con una tasa de inflación del 8,3% en octubre de 2023, el acumulado interanual alcanzó el 142,7%. La gestión saliente de Alberto Fernández dejó un panorama aún más grave, con una inflación acumulada del 844% durante su mandato.
En la misma línea, Ordoñez agregó: “Creo que el gobierno está haciendo lo que puede para equilibrar una macro que heredó tremendamente desordenada”. En ese contexto, consideró que los esfuerzos actuales son un avance positivo: «no es un tema menor que haya una promesa de mejorar la situación».
En consonancia, Ricardo Bindi, presidente de Agrositio S.A., también marcó las diferencias entre Milei y el gobierno anterior: “En 16 años de kirchnerismo no fue nadie a la Rural, en cambio, Milei no había cumplido el año de gobierno y estuvo ahí. La gente de campo sabe que el presidente está haciendo un esfuerzo enorme”.
Desde el sector reconocen que tanto Patricia Bullrich como Luis Petri, Guillermo Francos y Diana Mondino son grandes defensores del campo. Señalan que la canciller “fue la primera ministra que se sentó con el entonces secretario de Bioeconomía (Fernando Vilella) a trabajar y concientizar a las agregadurías agrícolas de las embajadas para abrir mercados».
Bindi celebró la reducción del Impuesto PAIS del 17,5% al 7,5%, y destacó que esta medida facilitará la incorporación de tecnología y estimulará a los productores a utilizarla. Además, el presidente anunció recientemente a 400 industriales que en diciembre se eliminará definitivamente el ‘nefasto’ gravamen.
“La palabra de Milei no vale nada”: críticas a la gestión presidencial
A la espera de resultados alentadores, Juan Arcando, productor agropecuario de la provincia de Córdoba expresó a Clarín su descontento con el cambio de discurso del presidente durante su gestión: “Milei dijo que iba a bajar las retenciones hasta eliminarlas. Pero cuando envió al Congreso la Ley Bases habló de aumentar todas las retenciones a la exportación, porque es la forma más fácil de hacer caja”.
La producción de carne se contrajo un 7% en los primeros 9 meses de este año, respecto a la misma etapa de 2015. Lo mismo declaró Ordoñez al asegurar que “la palabra de Milei no vale nada”. Y añadió: “El presidente dijo que iba a sacar las retenciones, luego que iba a ser a cuenta de ganancias, pero eso es imposible. Finalmente, cuando asumió, su propuesta fue subirlas”.
Además, señala que el gobierno, en realidad, está buscando estabilizar la macroeconomía mediante una apreciación cambiaria, lo que resulta perjudicial para los exportadores. Según él, mientras no se eliminen las retenciones y no se unifique el tipo de cambio, no habrá una verdadera recuperación en el sector.
En este contexto, Bindi expresó su preocupación al señalar que el ministro de economía no considera al sector agropecuario como una de sus prioridades. Enfatizó que el agro representa el 60% de las exportaciones y genera millones de dólares en ingresos. Además, resaltó la importancia de fortalecer las relaciones internacionales, señalando que «China es nuestro principal comprador de carne vacuna. No se puede decir que son comunistas».
Otro aspecto a mejorar en este gobierno es la estructura de la Secretaría de Agricultura, que está subordinada a un secretario de Producción, quien a su vez reporta al ministro de Economía. Caputo, mano derecha de Milei, está enfocado en resolver otros asuntos, lo que ha generado una percepción de desconexión con el sector agropecuario, según Bindi. Históricamente, el sector agropecuario ha sido afectado negativamente por diversos gobiernos.
En la actualidad, enfrenta dos problemas principales para los especialistas: altas retenciones, especialmente sobre la soja, y una disparidad entre el dólar de mercado y el dólar oficial. Esta diferencia en el tipo de cambio reduce las ganancias de los productores, ya que reciben menos dólares de los exportados por sus productos. “La salida es en base al incremento de la producción, disminución de presión impositiva y costos”, asegura Juan Arcando.
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires publicó un informe poco alentador sobre lo que se espera para la campaña agrícola, la otra fábrica de dólares de la economía. Octubre es un mes de siembra y la superficie destinada a la soja que es un cultivo más económico de encarar si se lo compara con el maíz crecerá a expensas de este grano. Pero el verano seco que se anticipa y los bajos precios internacionales no son datos alentadores.
Recinto de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
El valor de la soja
En el mercado local, el precio de la soja en el Matba-Rofex para la posición mayo-2025 se sitúa en US$284 por tonelada, una caída del 15% en comparación con el año pasado para la posición de cosecha y un 4% por debajo del promedio de las últimas cinco campañas. Definitivamente, los productores están con los dientes apretados.
Reforma laboral en Argentina: ¿más libertad o más precarización?
La reforma laboral sancionada mediante la Ley Bases introduce cambios significativos. El Gobierno Nacional logró flexibilizar las normas laborales y ahora busca reducir la intervención estatal, alineándose con la visión de “más libertad” del presidente.
La ley Bases introdujo cambios claves en la normativa laboral, como la ampliación del período de prueba, la posibilidad de implementar un Fondo de Cese Laboral, las nuevas causales de despido por justa causa, los beneficios para la regularización del empleo no registrado y la posibilidad de contratación de colaboradores para el trabajador independiente.
En el cuarto trimestre de 2023, la tasa de desocupación se mantuvo en el 5,7%, igualando los niveles del trimestre anterior, según los datos publicados por el INDEC. Este índice representa el nivel más bajo desde que se inició la serie estadística en 2004, lo que evidencia un contexto de estabilidad en el mercado laboral. Además, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) prevé un aumento en la desocupación, proyectando una tasa del 7,6% para el último trimestre de 2024.
La reforma fue apoyada por sectores empresariales que la ven como una modernización del mercado laboral, lo que incentivaría a mayores contrataciones. Mientras que los sindicatos expresan su preocupación por una posible precarización del empleo.
Tratamiento de la Ley Bases y paquete fiscal. Foto Federico Lopez Claro
Principales cambios de la Reforma Laboral
1. Período de prueba ampliado
La Ley Bases introduce cambios al período de prueba de la relación laboral previsto en el art. 92 bis LCT. El nuevo texto legal establece un período de prueba de 6 meses, que podrá ampliarse a 8 meses en empresas de 6 a 100 empleados, y a 12 meses en empresas con hasta 5 empleados.
Respecto a esta nueva medida, la abogada especializada en temas laborales Vanesa Gianfelice, afirmó: “cualquiera de las partes podrá extinguir la relación laboral sin expresión de causa y sin derecho a indemnización con motivo de la extinción”. Por otro lado, en cuanto a si esta medida fomenta la precarización del empleo, argumentó que “con el artículo 92 bis de la LCT ya existía una posibilidad de despido sin causa, con la reforma sólo se está prolongando el plazo”.
2. Fondo de Cese Laboral
Otra medida es la posibilidad de la creación de un Fondo de Cese Laboral. Esto podrá reemplazar al sistema de indemnización por antigüedad para reducir los costos de despido para el empleador, pero siempre que el mismo sea introducido mediante convenio colectivo de trabajo.
El exministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social durante doce años Carlos Tomada, dijo que no estaba de acuerdo con la creación del Fondo: “no comparto la idea del Fondo de Cese, porque creo además que es inconstitucional, pero como todavía no está reglamentado, habrá que esperar”.
Gianfelice aclaró que implementar este fondo como sustitución de la indemnización tradicional requiere un acuerdo entre sindicato y representante de los empleadores, por lo que no será implementado si el sindicato lo considera como una baja en la protección del trabajador contra el despido sin causa.
Por su parte, el presidente de Cleaner S.A. Daniel Paulone aclaró que la implementación de este sistema en su empresa podría aportar previsibilidad, porque no sería necesario tener que afrontar una indemnización, que puede ser de un monto importante, en un solo pago. El pago podría hacerse con el ahorro que se va haciendo con este sistema.
3. Despido por justa causa
Una de las medidas más preocupante para los trabajadores, es la de despido por justa causa. En este punto se incluyen nuevas causales como la participación en bloqueos o tomas de establecimiento, lo que ha generado debate sobre posibles limitaciones al derecho de protesta.
Pablo Biró (APLA) habla ante el Consejo Directivo de la CGT. La abogada explicó que esta nueva causal de despido podría controvertir derechos de rango constitucionales y supra legal como el de protesta, porque su ejercicio podría verse limitado con la reforma. Pero, por otro lado, la violencia o daños que surjan de bloqueos o tomas de establecimientos no podían ser tomadas como parte del derecho a huelga.
En este aspecto, Carlos Tomada dijo que la reforma laboral “es un intento de refundación de las relaciones laborales, con el objeto de debilitar a los trabajadores, a los sindicatos y a la negociación colectiva” y que lo que queda de ese planteo, es la aversión a “una peor reforma”.
Paulone mencionó que los bloqueos y tomas de establecimientos son generalmente organizados por los miembros del sindicato y sus delegados, con apoyo de algunos empleados. Por ello, considera razonable despedir a quienes dañan la empresa e impiden, mediante amenazas, que otros empleados continúen trabajando, provocando la paralización de la actividad y afectando indirectamente a la comunidad.
4. Beneficios para la regularización del empleo no registrado
La Ley Bases fomenta el empleo registrado brindando a los empleadores la oportunidad de regularizar las relaciones laborales vigentes antes del 9 de julio de 2024. Esto permite registrar relaciones no formalizadas y corregir aquellas deficientemente registradas, sin las sanciones establecidas. Además, se prevé la extinción de la acción penal por apropiación indebida de recursos de la seguridad social y la condonación de deudas por falta de aportes. Excepto las correspondientes a Obra Social, con un mínimo del 70% del monto adeudado, y abarcando cuestiones judiciales controvertidas.
Por otro lado, la ley deroga las multas previstas en los artículos 8 a 17 y 120, inciso a), de la Ley Nacional de Empleo referidas a la falta de registración, o registración deficiente, junto con la multa de tres salarios por falta de entrega de los certificados previstos en el artículo 80 LCT.
Gianfelice explicó que las moratorias por falta de registración laboral incentivan la regularización, pero advirtió que “la eliminación de las multas en su totalidad pueden incentivar a los empleadores a no registrar las relaciones laborales futuras, porque bajan los costos del castigo para los empleadores». Consideró que «una baja de multas» habría sido un camino más adecuado.
Por su parte, Paulone apoyó la eliminación de las multas, ya que señaló que incentivaban a los trabajadores a considerarse despedidos sin causa, iniciando un reclamo millonario, incluso cuando el empleador no tenía intención de despedir a nadie. Además, indicó que estas multas encarecían hasta tres o cuatro veces las liquidaciones de despido, lo cual podría reducir lo que se conoce como «industria del juicio».
5. Trabajadores Independientes con colaboradores
La Ley Bases introduce la figura del trabajador independiente con colaboradores para llevar adelante un proyecto. El nuevo marco legal permite que el trabajador independiente contrate hasta tres colaboradores del mismo tipo para desarrollar un emprendimiento productivo, bajo un régimen especial unificado aún por reglamentar. Entre el contratante y sus colaboradores no existirá relación de dependencia, sino que será una relación autónoma.
Francos y Santiago Caputo en la reunión con la cúpula de la CGT en la Casa Rosada.Carlos Tomada afirmó que, al eliminar las multas por trabajo no registrado y crear la figura del colaborador independiente, la reforma laboral está legalizando la informalidad. Razona que esta figura permite que empleados de pequeños emprendimientos no cuenten con los derechos laborales garantizados por la ley.
Concluyó que la reforma no presenta ningún beneficio para los trabajadores y se mostró escéptico sobre los posibles efectos positivos para las empresas o la creación de empleo. Para Tomada, solo fortalecerá la posición empresarial en litigios, sin aportar más ventajas.
En cambio, Daniel Paulone entiende que la idea de la reforma de bajar la litigiosidad en el sistema laboral, debería incentivar a los empresarios a contratar empleados cuando sea necesario, sin la incertidumbre del costo que esa decisión pueda generar. Por cierto este es un cambio medular en la Argentina que está moldeando Milei.
La vivienda en la era de Milei: alquileres y créditos hipotecarios
El nuevo escenario del mercado inmobiliario a nueve meses de la llegada del gobierno libertario revela una realidad compleja. Hay 8,5 millones de personas que alquilan.
La situación actual plantea desafíos tanto para inquilinos como para propietarios en un contexto en el que baja la inflación y de cambios regulatorios.
«¿Me dirías si sigue disponible y los requisitos? ¿Aceptan mascotas? ¿El ajuste cada cuánto es?» Estas preguntas, repetidas diariamente por cientos de argentinos, reflejan la ansiedad e incertidumbre que rodean la búsqueda de vivienda en alquiler.
Vistas aéreas de la Ciudad de Buenos Aires. Foto Rafael Mario QuinterosSegún el Censo Nacional 2022, en Argentina hay casi 8,5 millones de personas que alquilan o viven en viviendas cedidas por trabajo. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más de un millón de personas son inquilinos, enfrentando un mercado cada vez más desafiante. Esta realidad se extiende a otras grandes ciudades del país, donde la demanda de viviendas en alquiler supera ampliamente la oferta disponible.
De la regulación a la liberalización
Con la llegada del gobierno de Javier Milei, se derogó la controvertida ley de alquileres. Esta normativa, que buscaba proteger a los inquilinos, paradójicamente terminó perjudicándolos al provocar una contracción en la oferta y un aumento desmedido en los precios. La intención de la ley era noble, pero sus efectos en la práctica fueron contraproducentes, llevando a muchos propietarios a retirar sus propiedades del mercado de alquiler.
Martín Boquete, director de la inmobiliaria Toribio Achaval, describe el nuevo escenario: «Se pasó de un extremo al otro». Ahora, los contratos se negocian entre las partes, los precios se ajustan trimestralmente y la mayoría están en pesos. La duración de los contratos se redujo de 36 a 24 meses o menos. Esta flexibilidad ha incentivado a algunos propietarios a volver a ofrecer sus propiedades en alquiler, pero también ha generado incertidumbre entre los inquilinos sobre los futuros aumentos.
Alejandro «Topo» Rodriguez, exdiputado y Director del Instituto Consenso Federal, ofrece una visión crítica de la situación: «La derogación de la ley de alquileres fue un grave error. Se necesita una regulación equilibrada que proteja tanto a inquilinos como a propietarios. El mercado por sí solo no resuelve el problema habitacional. Es fundamental que el Estado intervenga con políticas de vivienda a largo plazo y mecanismos de financiamiento accesibles y seguros.»
Rodriguez argumenta que la falta de una política de vivienda integral ha llevado a la situación actual, donde ni el alquiler ni la compra de vivienda son opciones viables para gran parte de la población. Sostiene que es necesario un enfoque que combine incentivos para la construcción de viviendas asequibles, regulación del mercado de alquileres y programas de financiamiento que no pongan en riesgo la estabilidad financiera de las familias.
Si bien la oferta de inmuebles ha aumentado significativamente, los precios siguen siendo un desafío para muchos. Un informe de Zonaprop indica que en la primera mitad de 2024, la suba de precio promedio fue del 39%, por debajo de la inflación acumulada del 88%. Esta disparidad entre el aumento de los alquileres y la inflación general ha generado un alivio temporal para algunos inquilinos, aunque la situación sigue siendo precaria para muchos.
Historias reales: el impacto en las familias
Andrés González, politólogo de 35 años, compartió su experiencia: «Vi que los alquileres en el conurbano eran significativamente más bajos que en la Capital. Un alquiler de dos ambientes en Capital era aproximadamente un 60% más caro que en el conurbano. Por eso, decidí regresar a la zona centro de Quilmes».
Vanessa Mendoza, de 43 años, administradora de empresas y madre de un joven adolescente, le cuenta a Clarín que siempre prefirió alquilar con inmobiliaria en vez de dueño directo. Dice que a través de la segunda forma, muchas veces no hay contrato ante escribano, y uno puede quedar a merced de las decisiones del propietario si hay cambios en el contrato inicial.
Se espera un salto en la demanda de créditos hipotecarios.
El sueño de la casa propia: créditos hipotecarios
Recientemente, varios bancos han relanzado líneas de créditos hipotecarios UVA. Estos créditos, que se ajustan por un índice similar al de la inflación, son para muchos la única opción de financiamiento para acceder a una vivienda propia. Se registró un crecimiento en los últimos meses, con mejora de tasas de interés.
Sin embargo, aún no superan el 5% de las operaciones de compra, de acuerdo con Martín Boquete. Además, la experiencia de los últimos años ha demostrado que este tipo de créditos puede ser una espada de doble filo en un contexto de alta inflación y volatilidad económica.
En el grupo de Facebook «Hipotecados UVA Autoconvocados», numerosas personas han compartido sus experiencias. Se destaca la de Marcelo Manzano, quien relata: «Saqué en Banco Nación 1.9 millones. Pagué durante siete años casi normal y adelanté 40 cuotas más hasta diciembre. La última cuota fue de $430.000 y el capital adeudado subió a casi 70 millones. Estoy sin trabajo por problemas de salud.»
Su testimonio refleja la angustia de otras familias, cuyo costo de vida crece muy por encima de sus ingresos, poniendo en riesgo la estabilidad de sus hogares. Por ende, deciden esperar y no incurrir en deudas hasta tener más claro el desempeño económico.
Panorama actual y desafíos futuros
El mercado inmobiliario argentino se encuentra en un momento de transición y ajuste. La derogación de la ley de alquileres ha traído cambios significativos:
– Aumento de la oferta: Más propietarios están dispuestos a poner sus inmuebles en alquiler.
– Contratos más flexibles: Los plazos se han reducido y los ajustes son más frecuentes.
– Precios en pesos: La mayoría de los contratos se pactan en moneda local.
El cambio de la ley de alquileres, sin embargo, no resuelve el crónico déficit de vivienda en el país. Un drama para numerosas familias que por la inestabilidad nunca pudieron acceder a un crédito. Si con la reducción de la inflación afloran los préstamos hipotecarios, habrá una verdadera vuelta de página.
Medios públicos en el gobierno de Javier Milei: el caso Télam
Cierre de la Agencia TelamCon opiniones encontradas, la intervención de la agencia nacional de noticias fue una medida utilizada como bandera de un nuevo rol del Estado.
Cuando se dispuso su cierre, fue intervenida con un operativo que algunos califican como “desproporcionado”.
El gobierno propone la transformación de Télam en una “Agencia de Publicidad del Estado”.
Con la llegada de Javier Milei a la presidencia y su idea de reducción del gasto público, los medios públicos han sido objeto de un fuerte debate acerca de su rol, financiamiento y viabilidad. La agencia de noticias Télam, junto con Radio Nacional y la Televisión Pública, fueron puestas en tela de juicio por sus detractores y defendidas por quienes creen en su importancia.
El principal argumento del gobierno fue la gestión ineficiente de los fondos públicos. Según el presupuesto 2023, Télam tuvo ingresos de alrededor de $12.200 millones, pero gastos equivalentes a $18.000 millones. Así, el déficit anual sería de $5.700 millones (alrededor de $15 millones por día).
Fundada en 1945, Télam era la agencia nacional de noticias de Argentina. A lo largo de su historia, jugó un rol clave en la difusión de información oficial y fue un instrumento importante en la construcción de la narrativa estatal. Desde su creación, la agencia atravesó distintas etapas, algunas más neutrales y otras más alineadas a las políticas de los gobiernos de turno.
Mayoritariamente, la agencia producía cables y fotos, aunque no se agotaba allí. También elaboraba videos, boletines, audios e infografías. Los clientes de Télam eran, principalmente, los medios de comunicación, y en menor medida otros usuarios como ministerios y universidades. Éstos pagaban un abono que les permitía acceder al material producido por la agencia. En 2023, año de su cierre, la tasa de abonados había aumentado en más de 400%.
En las últimas décadas, Télam sufrió críticas por su falta de independencia editorial. Sin embargo, también ha sido reconocida por la cobertura y difusión de temas nacionales e internacionales que no siempre encuentran espacio en los medios privados.
Desde su campaña, Milei planteó una transformación radical en Télam, que pretendía reducir su personal, cerrar sus oficinas y privatizar de forma total o parcial sus funciones. El 1 de junio, mediante el decreto 548, el Poder Ejecutivo anunció su conversión en la Agencia de Publicidad del Estado.
La diputada nacional Silvina Giudici (JxC), opina que “como funcionaba hasta 2023 era inviable, era una agencia desproporcionada en cuanto a la cantidad de empleados y absolutamente desactualizada en cuanto a tecnología informativa, eficiencia administrativa y control del proceso de pago en publicidad oficial”.
Aunque los cambios realizados por el gobierno de Milei “todavía no pueden evaluarse porque es un proceso que recién ha comenzado, el rol que deben jugar los medios públicos es el de transmitir la información veraz, plural y dar acceso a los ciudadanos a la información de interés público sin censura ni ideologización política”, declara Giudici, quien también fue presidenta del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
Mauro Becerra, asesor de prensa y consultor político, resalta una afirmación instalada: “los medios de comunicación, sea cuál fuere su formato o su propiedad, se encuentran en crisis. Históricamente se financian con publicidad, y esa torta hoy en día la deben compartir cada vez más con otro tipo de jugadores”.
“El formato de Télam, que se distingue de un medio tradicional, tuvo un auge en la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, hace algunos años que viene en retirada” sostiene el especialista. “Algunos países, sobre todo con fuertes intereses geopolíticos, financian estructuras informativas de este tipo, pero en el caso de Argentina hay una primera discusión: si existe la necesidad de financiar un sistema de medios”, agrega.
“En caso de que la respuesta sea afirmativa, debería ser una estructura que funcione en base a políticas de Estado y no a contenidos de un partido o gestión de gobierno”, afirma Becerra. Muchas veces, las instituciones se entremezclan con el color político de turno y cuesta distinguir el límite. Sin embargo, cuando las instituciones se dedican a difundir información, el riesgo para la democracia puede aumentar.
La discusión del Presidente es incluso previa. Además de considerarla “una agencia de propaganda kirchnerista”, el principal argumento es la presión tributaria que el gasto de la agencia ejerce sobre el gasto público argentino. La producción de información, y de contenido en general, no es una función que se reserva el Estado liberal. Sus responsabilidades terminan mucho antes.
Sin embargo, “Milei está teniendo problemas con el cierre”, comenta Daniela Basso, periodista y gerenta de Relaciones Institucionales de Télam entre 2019 y 2023. Lo más difícil a resolver es la situación de los empleados.
Al principio, se suspendieron las actividades por una semana, luego se lanzó un programa de retiros voluntarios, “pero el resto de los empleados están en un limbo, están trabajando en las oficinas administrativas de la calle Bolívar y les pagan un salario muy bajo sin horas extra”, aclara Basso.
La periodista supervisó la recuperación del archivo ocurrida durante la gestión de Bernarda Llorente al frente de la agencia. En ese tiempo, se digitalizaron 1.500.000 de negativos de fotos producidas previo a 2001. Algunas de ellas, especialmente del período de la dictadura y de la guerra de Malvinas, eran inéditas. Asimismo, se identificaron y clasificaron 120.000 sobres que contenían cables históricos, y se archivaron en el Centro de Documentación y Archivo Periodístico para su exhibición pública.
El equipo de gerentes de Télam renunció antes de la llegada de Milei. Sin embargo, Basso continuó en los grupos de WhatsApp de la agencia, por lo que obtuvo información de primera mano el día del cierre. “El día que el Gobierno ordenó cerrar los edificios, empezaron a llegar mensajes y fotos, en dónde se mostraba cómo había entrado la policía de noche. La policía les dijo -a los empleados- que se fueran y les vallaron el edificio. No era necesaria la violencia con la que lo hicieron”, relata la exfuncionaria.
Trabajadores de la agencia estatal de noticias Télam protestan el cierre . EFE/ Enrique García MedinaBasso defiende la existencia de una agencia nacional de noticias y su carácter público “porque el Estado es el único que tiene el dinero y el interés necesario para hacerla funcionar”, y resalta que “también es importante para lograr soberanía informativa”, uno de los motivos por los que fue creada durante el primer gobierno de Perón.
La exfuncionaria reconoce los vicios que algunos gobiernos pueden tener con los medios públicos, pero sostiene que eso no justifica su cierre abrupto. “Se pueden replantear y actualizar cosas, pero esto de cerrar de forma violenta no le sirve a nadie. Con este cierre se incumplieron contratos internacionales muy importantes para el país, y se interrumpió la reconstrucción y digitalización de los archivos, quién sabe si no se va a perder toda esa información histórica que costó un enorme esfuerzo volver a sistematizar”.
Respecto de la nueva forma propuesta para la agencia, Basso dice que va a absorber una parte de las funciones que hacía Télam: la elaboración de contenido publicitario. “Lo que quieren hacer es elaborar y promocionar la publicidad. Télam solamente la distribuía, su producción la tercerizaba a productoras y luego, una vez el producto terminado, volvía a la agencia, que lo distribuía a distintos medios para su publicación. Ahora todo esto pretenden hacerlo desde una sola agencia, es un objetivo ambicioso que requiere de mucha gente capacitada”.
La noche del 3 de marzo de 2024, efectivos policiales desalojaron los edificios centrales de Télam (Bolívar al 531 y la otra en Belgrano 437). Al día siguiente, el vocero presidencial Mauro Adorni, quien en tono irónico había adelantado algo en su perfil de X, anunció que los trabajadores serían dispensados por 7 días con goce de sueldo. Por entonces, Télam tenía más de 700 empleados y 28 corresponsalías a lo largo y ancho del país.
El post de Adorni por el cierre de TelamLa agencia estatal contaba, hasta su intervención, con 28 corresponsalías, en cada una de las provincias argentinas y algunas en el exterior: Brasil, Chile, Londres y Roma. También contaba con colaboradores en otros países de Latinoamérica y tenía convenios con las principales agencias de noticias del mundo como Europa Press, Sputnik y Deutsche Presse.
La discusión sobre el futuro de Télam y los medios públicos en general toca puntos cruciales sobre la necesidad de un periodismo estatal que garantice información veraz y plural, alejado de intereses partidistas. Su anuncio de transformación en una entidad enfocada en la publicidad refleja un cambio profundo en la percepción del rol del Estado en la producción de información.
Desfinanciamiento de la línea 144: mujeres en peligro
La denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez a su expareja y expresidente, Alberto Fernández, puso en primera plana la vigencia de un mal que es transversal a toda la sociedad.
La línea 144 de atención a las víctimas de violencia machista recibió, en los días posteriores a la denuncia de la exprimera dama, un aumento del 50% en las llamadas. Sus operadoras alertaron que estaban trabajando con personal reducido y que muchas quedaron sin contestar.
La línea 144 va a continuar operativa y pasará a llamarse “de atención a personas en situación de violencia y riesgo”.En un país donde se produce un femicidio cada 35 horas, programas de contención y ayuda para las víctimas de maltrato machista, como Acompañar (ayuda económica para víctimas de violencia), RENNYA (asistencia económica para hijos de víctimas de feminicidio), o Acercar Derechos (acceso a asistencia legal), fueron durante los últimos 9 meses desfinanciados, desactivados, o tachados de politizados e innecesarios.
El cumplimiento de la promesa de campaña de eliminar las políticas de género, que costaron décadas conseguir, ratificó que ya no hay red para las víctimas de violencia machista.
Línea 144
Una operadora de la Línea 144 -quien prefiere mantener el anonimato por miedo a ser despedida- relató: “La línea fue puesta en funcionamiento en 2013, como parte de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Las guardias estaban completas con un total aproximado de 180 operadores para cubrir las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año”.
A diferencia de la línea 911, la 144 no es una línea de denuncias. La atienden profesionales de la psicología, el derecho y el trabajo social, preparados para asesorar, contener y derivar los casos más urgentes. “La persona que llama llega en el momento de mayor vulnerabilidad del ciclo de violencia” -puntualizó la operadora- “Si es un caso con una situación de emergencia, por ejemplo que el agresor esté en la puerta de la vivienda y requiera asistencia policial, se llama de forma inmediata al 911”.
Una ex trabajadora de la Línea 144 -quien fue despedida este año y también pide no figurar con su nombre- aseguró que, desde que asumió el nuevo gobierno, se redujo en más del 50% el personal. “A veces hay una sola persona para atender. Muchas llamadas quedan en espera, sin responder. Es una forma de disuadir a quienes podrían utilizar la línea”.
La Línea 144 estaba especializada en la atención telefónica a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas. Foto. Maxi Failla Luego de la multitudinaria movilización contra la violencia machista Ni Una Menos del 3 de junio de 2015, las llamadas se dispararon de 1.500 a 13.700 semanales. Lo mismo sucedió en 2018 tras la denuncia por violación de Thelma Fardín contra Juan Darthés. La voz de mujeres públicas alienta a las anónimas, que se animan a llamar. En tiempos de aislamiento por la pandemia de COVID-19, la demanda en la línea 144 pegó un salto del 45% en la ciudad de Buenos Aires. Además, se incorporó un número de WhatsApp, se creó la aplicación 144 y fue el primer servicio de atención a personas hipoacúsicas en el mundo. Todo esto parece pertenecer ya a un tiempo lejano.
“El género se acabó”
Días después de asumir como presidente, Javier Milei convirtió la mitad de los ministerios en secretarías. Al Ministerio de la Mujer lo degradó aún más: pasó a ser una subsecretaría y tan sólo seis meses después, se anunció su cierre.
En sintonía, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona confirmó que «No vamos a tener política de género. La violencia no tiene género.»
Marcha por el Día internacional de la Mujer en 2024. Foto Martín BonettoEl diputado nacional del Partido Socialista por Santa Fe, Esteban Paulón, a su vez vicepresidente de la comisión de género de la Cámara Baja, se escandalizó con esas declaraciones: “Es muy grave que quien tiene a su cargo cumplir y hacer cumplir leyes y políticas nacionales e internacionales de prevención de la violencia, desconozca cuáles son sus competencias y su misión en el marco del gobierno”.
Políticas de género: ¡Afuera!
María de las Nieves Puglia es Directora del Área de Géneros en el centro de investigación y diseño de políticas públicas, Fundar. Puglia expresó la preocupación del desfinanciamiento y las consecuencias graves e irreversibles que podría tener.
¿Cuál es el sentido de la línea 144?
– La línea 144 es una política de Estado que ha sido transversal a gobiernos de diferentes signos políticos. En 11 años ha atendido a 920.000 víctimas de violencia de género. Es importante entender que una situación que llega a la 144 es la punta del iceberg de un conjunto de violencias acumuladas a lo largo del tiempo.
¿Qué significa para nuestro país que desaparezcan políticas de género como la línea 144?
– Las políticas de género son un acuerdo de las sociedades democráticas para resolver desigualdades de origen. Eliminar una política como el 144 nos acerca más a Afganistán que a los países del norte global, a los cuales Argentina se quiere parecer. Hasta desde un punto de vista fiscal, es más inteligente trabajar sobre la prevención de la violencia que solamente actuar en situaciones de urgencia, que requieren dispositivos de salud, de justicia y de policía.
¿Qué pensas de las declaraciones del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien canceló la distinción entre violencias?
– Hay un desconocimiento muy fuerte respecto del tipo de violencia que sufrimos diferencialmente varones, mujeres y otro tipo de identidades. Los datos son muy elocuentes: el 98% de las llamadas que llegan al 144 son hechas por mujeres y en el 81% de los casos el agresor es un varón. Son absolutamente innegables en términos empíricos. Cuando se habla de políticas “para las mujeres”, efectivamente lo que se hace es obnubilar a todo el conjunto de grupos sociales, que en su mayoría son madres o tienen adultos mayores a cargo, que también son afectados.
¿Qué provocó la denuncia de la exprimera dama, Fabiola Yañez?
– Provocó un notable viraje en la narrativa política nacional. Personas que nunca habían hablado de violencia de género, o de violencia contra las mujeres, empezaron a utilizar estas categorías en función del caso que había emergido mediáticamente. Una frase que yo siempre uso es “que el oportunismo político no nos quite lo bailado”. Algo habremos hecho bien para que una mujer se sienta legitimada para denunciar a alguien con poder. Ni siquiera una persona con la situación socioeconómica resuelta, es inmune a la violencia de género. Todas podemos eventualmente sufrir algún tipo de violencia.
¿Quién gana haciendo retroceder estos logros que costaron tanto conseguir?
– Para mí, la pregunta es quién pierde. Creo que perdemos todos.
La Organización Panamericana de la Salud categorizó a la violencia de género como un problema de salud pública y una violación de los derechos humanos: “Puede afectar negativamente la salud física, mental, sexual y reproductiva de las mujeres” concluyó.
Por su parte, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) alertó sobre el padecimiento de niños, niñas y adolescentes expuestos a la violencia física, sexual o económica que sufren las mujeres de sus familias. El informe advierte que “crecer en contextos violentos y de abuso de poder, sobre todo si es sobre sus madres, afecta de manera profunda su desarrollo”. Amortiguar el impacto de la violencia de género en la infancia, también es responsabilidad del Estado. La negación de esta realidad solo logrará profundizarla.
La cultura en crisis
El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que celebra este año su 39º edición en noviembre, es un referente en la promoción del cine de autor y de propuestas innovadoras dentro del panorama internacional y además es el único festival de cine con clasificación A de Latinoamérica, compartiendo prestigio con eventos como Cannes y Venecia.
Desde el Festival, afirman que promueven la actividad cinematográfica en todas sus formas, y en sus pantallas se exhiben películas de diversos orígenes, temática y estilos. También, conviven la tradición del cine clásico con las nuevas tendencias, voces y tecnologías.
El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata fue inaugurado el 8 de marzo de 1954Por este evento pasaron figuras internacionales como Paul Newman, Vittorio Gassman, Catherine Deneuve, Jean-Paul Belmondo, Anthony Perkins, Ugo Tognazzi, Maria Callas, Maria Schell, Marie Laforet, Harriet Andersson, George Hamilton, Tom Courtenay, Mario Moreno (Cantinflas), François Truffaut y Tony Richardson.
Nueva gestión
Con la llegada del gobierno de Javier Milei, el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata enfrenta uno de sus momentos más críticos. Las medidas de ajuste, en especial al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), generaron un profundo debate en torno al futuro del cine argentino.
Las reformas impulsadas por Carlos Pirovano, actual director del organismo, tuvieron como objetivo “restaurar el equilibrio financiero” y evitar que el INCAA continúe siendo un “agujero negro de recursos”. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro del instituto se acrecienta cada día más.
En julio de este año, el INCAA comunicó que no se renovaría el contrato de Fernando Juan Lima y Pablo Conde, las autoridades anteriores del festival. A su vez, la designación de Jorge Stamadianos y Gabriel Lerman como nuevos responsables, a pocos meses del evento, generó críticas sobre su rumbo.
Una 39va edición con muchos cambios
El festival de este año cuenta con varias modificaciones. Una de ellas será la co-producción con el INCAA y el Municipio de General Pueyrredón, con un mayor aporte de capitales privados. Además, se cobrará la inscripción de las películas- de 50 mil pesos para largometrajes y 25 mil para cortos- algo nunca visto en Argentina pero habitual en otros festivales del mundo.
El reconocido crítico de cine y programador de festivales internacionales, Roger Koza, sostiene que esto es una clara señal de la improvisación y el desconocimiento en la actual gestión. Según él, los cambios recientes en la dirección del Festival de Mar del Plata, donde dos figuras ajenas al cine fueron designadas como responsables, generan preocupación.
El trasfondo ideológico
Las medidas adoptadas, según el crítico, son un indicio de la falta de interés del gobierno en la promoción de un cine plural y diverso. Además, el precio de la inscripción podría desalentar la participación de cineastas emergentes y limitar el acceso a proyectos independientes.
Según Koza, las políticas económicas del gobierno de Milei priorizan la rentabilidad sobre el valor cultural, lo que resulta en un “desprestigio simbólico” y una “aberración” para el cine nacional. En Francia, por ejemplo, el Estado tiene un rol activo: “permite que el cine florezca y se desarrolle sin estar completamente sujeto a las leyes del mercado y la rentabilidad inmediata”.
Cineastas y trabajadores/as de la cultura movilizan en defensa del INCAA. Foto Martín BonettoPor el contrario, Jorge Mendoza Bouroncle, dueño de la firma BEG (Bouroncle Entertainment Group) que posee varias marcas dentro de la industria audiovisual, se pronuncia a favor de estos cambios en el INCAA. Él opina que es “excelente” el desfinanciamiento del INCAA, ya que durante años “se había dedicado a hacer cosas para las que no fue creado”. Afirmó que “mantenía una enorme burocracia, corrupción, sesgo en los contenidos, privilegios a la militancia política partidista, películas que jamás se hicieron o con nulidad de espectadores y prohibiciones a contenidos que vayan en contra de los gobiernos de turno”, entre otras declaraciones.
El debate en torno al financiamiento
El Fondo de Fomento Cinematográfico es la principal fuente de ingresos del INCAA, que se compone de un impuesto del 10% sobre el precio de las entradas de cine, el 10% de la venta de DVD ‘s, y el 25% de la recaudación del Ente Nacional de Comunicaciones.
Con relación a esto, el director y productor de cine Santiago Podestá advierte cuál es el principal problema de los subsidios del INCAA hoy: las asignaciones específicas están amparadas en la ley 24.377, pero lo que cambió fue la forma de decidir cómo se usan, donde influye la cantidad de espectadores. Al respecto, asegura que hoy la multipolaridad de pantallas hace que sea complejo llegar a números altos de espectadores.
Podestá argumenta que la industria del cine necesita un cambio de ley mayor que contemple poner un gravamen a las plataformas de streaming, similar a España o Suiza, para sostener la producción local. Insiste en la necesidad de un esquema de fomento integral que contemple todas las particularidades, las regiones y los nuevos formatos.
Por su lado, Bouroncle hizo hincapié en que antes se financiaba “a dedo por sesgo ideológico”. “Son algunas películas las que logran audiencia por los actores famosos, y no son 100% financiadas por el INCAA; son caras y la mayoría tiene coproducción con España y muchos auspiciantes. Como, por ejemplo, ‘Argentina 1985’, que fue en su gran parte financiada por Amazon Prime”, argumentó el director.
“En las industrias más poderosas del mundo, el financiamiento de los fondos de fomento se da a través de beneficios fiscales al sector privado, crowdfunding, sponsors y auspiciantes entre otros. No es con subsidios”, expresó Bouroncle.
Cineastas y trabajadores/as de la cultura movilizan en defensa del INCAA cierre Cine Gaumont abrazo marcha corte gente manifestación. Foto Martín BonettoRespecto a esto, Roger Koza mencionó que, en otras partes del mundo, el financiamiento del cine por parte del estado es una práctica común y aceptada. Señaló que, en países como Francia, el estado tiene un rol activo en la promoción y financiamiento del cine, lo cual es visto como una inversión en la cultura y no como un gasto.
El pronóstico para el cine nacional
El vaticinio de Podestá es un Festival de Mar del Plata “descolorido” y una disminución en la industria nacional en los próximos años: “Si no hay decisiones estratégicas, nuestra industria va a sufrir mucho. No lo vamos a ver ahora porque todavía hay viento de las gestiones anteriores, pero de acá a tres, cuatro años, vamos a ver una merma en la producción nacional.”
Una de las proyecciones del Festival en 2023
Roger Koza afirma que las reformas podrían llevar a una homogeneización del pensamiento y de las expresiones artísticas. En su opinión, el gobierno busca reducir las películas que desafíen la lógica del mercado y la hegemonía cultural, en favor de producciones más comerciales. “Esto no solo amenaza la riqueza cultural del cine argentino, sino que también pone en riesgo la posibilidad de mantener una industria diversa y autosuficiente”, expresó el crítico de cine.
37 edición del Festival de Cine Mar del Plata. Foto TelamAunque algunas películas ya estaban confirmadas antes de los cambios, Koza advierte que muchas producciones importantes quedarán fuera debido a los criterios económicos impuestos. «Habrá una curaduría incompleta y concesiones al star system, lo que afectará la identidad del festival», explicó.
El Festival de Mar del Plata será un test crucial para determinar hasta qué punto las nuevas políticas del gobierno de Javier Milei afectarán la industria del cine argentino. Koza concluyó: «Hay que seguir deseando y produciendo, incluso si el apoyo estatal es limitado. El cine no puede morir».
Los alumnos que realizaron la investigación: Bernabé Miguel Luna Navarro, Santiago Maestri, Federico Dutto, Pablo Manuel Galindo Ramos, José Andrés Pineda Martínez, Karina Daniela Varas Sares, Juan Pablo Hidalgo, Ornella Sbodio, Gabriela Giselle Dree, Lucía Anabela Ortíz, Manuela Gómez, Sofía Zappia, María Florencia Miozzo, Carolina Gassman, Lucía Belén Miernes, Sol García Hamilton, Delfina Perri, Agustina Orlando, Mari Estéfani Carvajal Durán, Joaquín Pastomerlo, Santiago Argañin, Alan Agustín Ladd, Camila O’ Donell, Natalia Paula Sago, Agustina Vidal, María Celeste Siarrusta, Camila Denise Sancci, Camila Sirolli, Matías Ezequiel Pantano.